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Lun. Sep 14th, 2026

El PP de Castilla-La Mancha exige a García-Page aclarar si manipuló el informe PISA

El PP de Castilla-La Mancha exige a García-Page aclarar si manipuló el informe PISA
El Debate
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Carolina Agudo y María Gil denuncian ‘pilotaje’ de alumnos y piden comparecencia urgente tras resultados que el Gobierno autonómico celebró como históricos

El PP de Castilla-La Mancha ha registrado este lunes una petición de comparecencia urgente al presidente regional, Emiliano García-Page, para que aclare si su Gobierno «preparó a alumnos» antes del informe PISA y si los resultados publicados —que el Ejecutivo celebró como los mejores de la región— fueron manipulados.

La secretaria general del PP regional, Carolina Agudo, y la diputada María Gil basan su denuncia en «informaciones de medios» y «testimonios de docentes y sindicatos» que apuntan a que la Administración «pilotó» a estudiantes para mejorar los datos. Agudo calificó el posible fraude como «un hecho muy grave» y recordó que PISA «no es un autobombo», sino una evaluación que debe medir el conocimiento real de los alumnos.

El conflicto surge porque el Gobierno autonómico ignoró el informe PISA de 2022 —cuando los resultados fueron peores— alegando que la muestra no era representativa, mientras que ahora celebra los datos de 2025 como un éxito histórico. Gil cuestionó si, al «ningunear» los malos resultados anteriores, el Ejecutivo no habría presionado para que las pruebas salieran mejor en esta ocasión.

La oposición acusó además al Gobierno de atacar a quienes denuncian el presunto fraude, algo que Agudo consideró «aún más inadmisible». Exigieron transparencia total, advirtiendo que Castilla-La Mancha «necesita saber la verdad» sobre lo ocurrido, especialmente en un sistema educativo que, según Gil, «lleva diez años en plena debacle» y arrastra problemas desde antes del inicio del curso.

La comparecencia urgente, si se aprueba, obligaría a García-Page a explicar en el Parlamento autonómico qué instrucciones se dieron a los centros educativos y si hubo interferencia política en la evaluación. El PP advirtió que, de confirmarse el pilotaje, se trataría de un fraude institucional con consecuencias legales y de credibilidad para la región.

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