La iniciativa incluye anuncios en TV, radio y calles, con mensajes en 5 idiomas, y busca mejorar el reciclaje en un 30% en dos años
El Gobierno ha aprobado hoy una campaña estatal para obligar a los ciudadanos a separar los residuos domésticos, presentándola como una «obligación legal» pero también como una «inversión rentable» que reduce costes y genera empleo. La iniciativa, impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, incluirá anuncios en televisión, radio, calles y redes sociales, con versiones en castellano, lenguas cooficiales y inglés.
El Ejecutivo justifica la medida con datos concretos: los ayuntamientos podrían ahorrar costes al vender materiales reciclados o cobrar por la gestión de residuos. Según el documento interno al que ha tenido acceso El Confidencial Digital, la campaña también destacará los beneficios sociales, como la creación de empleos en plantas de reciclaje, algunos destinados a personas en riesgo de exclusión.
La iniciativa llega tras constatar que solo el 50% de los municipios españoles recicla aborrecidos —como restos orgánicos—, un porcentaje que el Gobierno quiere elevar al 70% en dos años. La ley actual ya obliga a los ciudadanos a separar residuos, pero el Ejecutivo admite que la aplicación varía mucho entre comunidades.
El tono de la campaña evitará mensajes alarmistas o confrontativos. En lugar de eso, se centrará en frases como «separar residuos es un deber, pero sale a cuenta», combinando el cumplimiento legal con argumentos económicos: menos basura en vertederos y menos necesidad de extraer materias primas.
La publicidad incluirá un anuncio principal de 45 segundos para TV, versiones más cortas para radio y anuncios en marquesinas, vallas y transportes públicos. Todos los materiales audiovisuales tendrán subtítulos, lengua de signos y audiodescripción.
Además, la campaña explicará que la correcta separación permite a los ayuntamientos obtener ingresos mediante los sistemas de responsabilidad ampliada del productor y la venta de los materiales recuperados, lo que contribuye a la sostenibilidad financiera de los servicios municipales.
El Gobierno también resaltará que la separación en origen reduce la acumulación de residuos y la necesidad de vertederos, favoreciendo una economía circular que aprovecha los recursos de manera más eficiente y protege el medio ambiente para las futuras generaciones.
