El anteproyecto de ley de residuos retrasa a 2030 la obligación de implantar el puerta a puerta o contenedores cerrados y opta por recomendaciones para el comercio.
Los ayuntamientos catalanes no recibirán sanciones si incumplen los objetivos europeos de reciclaje bajo el futuro anteproyecto de la ley de residuos, un texto que el Govern liderado por Salvador Illa prevé aprobar este otoño y al que ha tenido acceso El Periódico. La normativa pospone hasta el año 2030 la obligatoriedad municipal de aplicar sistemas selectivos específicos como el reparto puerta a puerta o los contenedores inteligentes, otorgando a cada consistorio la libertad de escoger el modelo organizativo para separar la basura.
El documento rebaja las exigencias contenidas en borradores elaborados por administraciones previas al sustituir las imposiciones directas por un esquema centrado en el soporte económico e inter administrativo. Según fuentes de la Generalitat de Cataluña consultadas por el citado diario, la orientación prioritaria del departamento busca acompañar a las corporaciones locales frente a las recientes actualizaciones de directivas europeas y normas estatales en materia ambiental. En caso de no alcanzar los umbrales fijados, los entes locales quedarán exentos de expedientes disciplinarios, dado que el ejecutivo autonómico pretende blindar la recogida domiciliaria de la disputa partidista de cara a comicios municipales venideros.
Las penalizaciones económicas previstas en la norma no afectarán a los índices de selección de desechos domésticos, sino que se circunscribirán a vertederos ilegales, suelo contaminado o abandono no autorizado de restos. Asimismo, el mecanismo denominado tasa justa, concebido para tarifar la prestación del servicio a los contribuyentes en proporción directa al volumen generado y a la correcta separación de sus residuos, preservará su carácter optativo en lugar de tornarse vinculante para todos los términos municipales.
Rebaja de requisitos a supermercados y plataformas digitales
El proyecto normativo modifica también de forma sustancial las pautas inicialmente concebidas para el tejido empresarial, transformando obligaciones de anteriores redacciones en meras recomendaciones de buenas prácticas comerciales. Cuestiones como la imposición a grandes superficies de disponer de lineales de ropa de segunda mano o la reserva forzosa de áreas de venta a granel en supermercados dejan de figurar como preceptos sancionables. El nuevo redactado retira igualmente la obligación que forzaba a los operadores de comercio electrónico a brindar embalajes alternativos sin envoltorios suplementarios.
Desde la Conselleria de Territorio, encabezada por Sílvia Paneque, argumentan que la densa regulación básica desplegada por las directivas comunitarias y las leyes estatales sobre envases y economía circular ya resulta plenamente operativa en la comunidad. La administración autonómica aduce que reiterar mandatos que ya rigen por vía estatal generaría una sobrecarga burocrática innecesaria, inclinándose por ordenar dicho marco competencial sin elevar la litigiosidad contra distribuidores y minoristas.
Umbrales superiores al estándar estatal para 2032 y 2035
Pese a retrasar las condiciones coercitivas sobre los municipios, el documento conserva metas numéricas de separación que rebasan el listón medio de la legislación española. El texto marca la meta de alcanzar un 65% de reciclado respecto al total de residuos urbanos generados en 2032. En una etapa posterior, la exigencia autonómica fija para 2035 que la proporción de recogida selectiva limpia llegue al 70%.
El desafío operativo que afrontan los consistorios se agrava ante la distancia existente con la directriz europea fijada para 2025, ejercicio en el que Bruselas requería un 55% de reciclaje mientras Cataluña ronda un 40% de media según los balances oficiales más recientes. Aunque los registros se hallan estancados desde hace años, el despliegue del sistema puerta a puerta y los contenedores con identificación vecinal ha chocado en varios municipios con el malestar derivado de restringir horarios y franjas de depósito para cada fracción doméstica, lo que motivó que diversos ayuntamientos paralizaran adjudicaciones que ahora podrán diferir hasta el final de la década.
La tramitación que se dilata desde 2018
La redacción de una norma integral sobre desechos acumula un historial de interrupciones prolongado a lo largo de las tres últimas legislaturas parlamentarias en Catalunya. Los primeros trámites administrativos se iniciaron formalmente en 2018 bajo el mandato de Quim Torra, dando pie a una tentativa inicial de anteproyecto en 2021 que no logró prosperar en sede parlamentaria. Con posterioridad, el ejecutivo republicano de Pere Aragonès reactivó las mesas sectoriales y presentó un articulado en las postrimerías de su mandato, cuya tramitación decayó definitivamente por el anticipo electoral.
El gabinete de Salvador Illa reconfigura ahora el texto bajo la premisa de adaptar las exigencias al principio de viabilidad institucional antes de someterlo al debate en el Parlament. La flexibilización hasta 2030 permitirá que los contratos municipales de recogida adjudicados en años precedentes adapten su flota y maquinaria de forma gradual sin incurrir en modificaciones contractuales inmediatas ni rupturas forzosas de concesiones vigentes.
Fuente: El Periódico
