La fecha límite del 1 de octubre ya ha pasado sin que el Ejecutivo de coalición presente los PGE, repetiendo el retraso anual desde 2023
Pedro Sánchez y su Gobierno no han presentado los presupuestos generales del Estado (PGE) para 2027 antes del 1 de octubre, incumpliendo el artículo 134.3 de la Constitución. La fecha límite, que exige que el texto se registre en el Congreso al menos tres meses antes de que finalicen los del año anterior, ha quedado desatendida por cuarta vez consecutiva.
El retraso se produce en un contexto de tensiones políticas recurrentes entre el PSOE y Sumar, socios de coalición, que ya acumulan tres años sin aprobar las cuentas públicas en plazo. La última vez que el Gobierno cumplió el calendario constitucional fue en 2022, cuando los PGE se presentaron el 28 de septiembre.
El incumplimiento no es un hecho aislado: desde 2023, el Ejecutivo ha recurrido a prórrogas presupuestarias para evitar un vacío legal, una práctica que el Tribunal Constitucional ya ha advertido como «anómala» en sentencias previas. En 2024, los PGE se registraron el 15 de octubre, y en 2025, el 30 de septiembre, siempre tras la fecha límite.
El artículo 134.3 de la Constitución establece que los PGE deben presentarse «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior», es decir, antes del 1 de octubre. Este plazo busca garantizar la estabilidad económica y la planificación de las administraciones públicas, pero el Gobierno ha optado por aprobar presupuestos «en curso» mediante leyes de prórroga, que suelen limitarse a mantener los niveles de gasto del año anterior sin ajustes significativos.
El precedente de los PGE en curso y las advertencias del Tribunal Constitucional
Desde 2023, el Gobierno ha utilizado leyes de prórroga para evitar un vacío presupuestario, una medida que, aunque legal, ha sido criticada por expertos y partidos de la oposición. En 2024, la prórroga se aprobó el 15 de octubre, y en 2025, el 30 de septiembre, siempre tras el plazo constitucional. El Tribunal Constitucional ha señalado en sentencias anteriores que estas prórrogas prolongadas «pueden menoscabar el principio de estabilidad presupuestaria» y han instado al Gobierno a «evitar la repetición de situaciones anómalas».
La oposición, especialmente el Partido Popular (PP) y Vox, ha acusado al Gobierno de «falta de rigor» y ha exigido que se presenten los PGE antes del 1 de octubre. Sin embargo, la coalición de Gobierno ha justificado los retrasos por «la complejidad de alcanzar acuerdos» entre PSOE y Sumar, partidos con diferencias significativas en políticas económicas y sociales.
El Gobierno aprobará otra prórroga antes de fin de año
Con los PGE aún sin presentar, el Gobierno deberá aprobar una nueva prórroga presupuestaria antes de que finalice el año, una medida que ya ha sido utilizada en los últimos tres ejercicios. Esta prórroga, que suele ser más técnica y menos política que los PGE, permitirá mantener el gasto público hasta que se aprueben las cuentas definitivas, probablemente en los primeros meses de 2027.
Sin embargo, el retraso tiene consecuencias políticas. La oposición insiste en que este incumplimiento refleja una «gestión caótica» del Gobierno, mientras que la coalición justifica la demora por la necesidad de «consensuar» medidas clave, como la reforma fiscal o el plan de pensiones, que generan tensiones internas. Además, el retraso afecta a la planificación de las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que dependen de los PGE para distribuir fondos.
El próximo paso será la aprobación de la prórroga, que deberá ser negociada entre el PSOE y Sumar antes de que finalice el año. Si no se alcanza un acuerdo, el Gobierno podría enfrentarse a un escenario de «presupuesto en cero», aunque esto es poco probable dado que las prórrogas han sido la solución en los últimos años.
