Rego anuncia que Fiscalía y Delegación del Gobierno trabajan ya en la acogida vinculante, tras reubicar a 800 niños hasta el 30 de julio
El Gobierno ha decidido agilizar el artículo 35 de la ley de extranjería para trasladar a la península los 2.500 menores no acompañados que permanecen en Ceuta desde la crisis migratoria del 30 de julio. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, anunció hoy este paso durante una visita a la ciudad, donde aseguró que su equipo ya trabaja con la Fiscalía de Menores y la Delegación del Gobierno para aplicar el dispositivo de acogida vinculante —un mecanismo que se activó en 2023 y permite obligar a las comunidades autónomas a acoger a menores cuando una región triplique su capacidad de acogida.
Según la ministra, el artículo 35 ha permitido acoger a 800 niños en la península hasta el 30 de julio, antes de la entrada de más de 70.000 personas en la frontera con Marruecos. Rego insistió en que el objetivo es «recuperar la normalidad» en la ciudad, aunque aún no se ha concretado cómo se impulsará este cambio. El Ejecutivo solo puede obligar a las autonomías a acoger a estos menores cuando se activa el artículo 35, y ahora busca hacerlo con la máxima rapidez.
El PP defiende la reagrupación familiar en Marruecos
La medida llega tras dos meses en los que el Partido Popular, que gobierna la mayoría de las comunidades autónomas, ha intentado bloquear cualquier posible traslado a sus territorios. El PP defiende que deberían reagruparse con sus familias en Marruecos, mientras que el Gobierno central argumenta que la tutela de los menores recae en las autonomías donde se encuentren. Rego advirtió de que «es imposible que Ceuta se haga cargo sola del número de niños y niñas que tiene ahora mismo en su sistema de acogida», y señaló la dificultad de atender a tal cantidad de menores en sus centros de protección.
El conflicto refleja una tensión institucional: mientras el Gobierno central gestiona a los adultos migrantes, la acogida de menores es competencia autonómica. Las comunidades gobernadas por el PP han rechazado participar en los traslados, lo que lleva al Ejecutivo a buscar fórmulas legales para cumplir con la ley. La ministra apeló a la «solidaridad» de las comunidades autónomas y les pidió que «se pongan a trabajar» y asuman una competencia que les corresponde.
El artículo 35, única vía para obligar a las autonomías
Su aplicación depende de la respuesta de las comunidades autónomas.
