La Red Europea de Lucha contra la Pobreza alerta de que la carestía de la vivienda y los bajos salarios atrapan al 25% de la población entre 16 y 29 años.
Alrededor de dos millones de jóvenes de entre 16 y 29 años se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en España, lo que representa a uno de cada cuatro ciudadanos en esta franja de edad. La cifra procede de un informe elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español (EAPN-ES), que documenta cómo la precariedad laboral continuada y la escalada de precios castigan de forma directa a la población que busca consolidar su autonomía profesional y personal.
El informe detalla que este sector demográfico afronta un escenario económico condicionado por la confluencia de salarios de entrada reducidos, inestabilidad en la contratación y un incremento sostenido del coste de la vida. Para las personas que inician su trayectoria profesional, la combinación de retribuciones bajas y escasa estabilidad contractual limita drásticamente la capacidad de ahorro, al tiempo que el desembolso destinado a la vivienda absorbe la mayor parte de sus ingresos mensuales disponibles.
El impacto del alquiler en el acceso a la formación y el empleo
La dificultad para acceder a una vivienda estable se erige en uno de los factores determinantes de esta situación, según constata el documento de EAPN-ES. El encarecimiento del mercado de alquiler condiciona tanto a quienes ya trabajan como a los estudiantes, quienes encuentran crecientes barreras económicas para trasladarse de ciudad con el objetivo de continuar su formación académica o técnica, lo que restringe su movilidad geográfica y sus opciones de cualificación.
Esta dinámica genera una brecha estructural en los procesos de emancipación dentro del marco socioeconómico español. Las dificultades para costear un alojamiento independiente provocan retrasos generalizados en la edad en que los jóvenes logran establecer un hogar propio, un fenómeno que incide de manera directa en la planificación demográfica, el consumo interno y las tasas de cotización a la Seguridad Social a medio y largo plazo.
Las políticas públicas frente a la brecha juvenil
El diagnóstico de la red de entidades sociales sitúa la presión económica sobre los jóvenes en el centro del debate sobre las políticas públicas de empleo y vivienda en España. La regulación de los arrendamientos y el refuerzo del parque público residencial son competencias compartidas entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, que administran los planes de vivienda y las ayudas directas a la emancipación.
Asimismo, el análisis apunta a la necesidad de articular medidas integrales que no solo aborden las condiciones salariales iniciales en los convenios colectivos, sino que también garanticen una cobertura eficaz frente a las situaciones de carencia material severa que impiden el pleno desarrollo laboral de las nuevas generaciones.
