El Gobierno admite que la ciudad autónoma no estará ‘estabilizada’ hasta 2027, mientras Vivas exige el regreso inmediato de todos los invasores y denuncia el abandono de Sánchez
Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, ha denunciado este lunes que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva 60 días sin actuar para resolver la crisis migratoria que dejó a la ciudad autónoma con más de 10.000 migrantes tras el asalto masivo de finales de julio. Según datos oficiales, solo se han completado 1.917 expedientes de triaje —a razón de 100 al día— y ningún migrante ha sido devuelto por vía legal desde el inicio de la avalancha, pese a que el Parlamento Europeo ya calificó el episodio de ‘ataque híbrido’ con responsabilidad marroquí.
La situación contrasta con las promesas del Ejecutivo: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró que ‘todos serán devueltos’, pero hasta ahora solo 5.603 personas han regresado voluntariamente —menos de 50 al día— y el único retorno forzoso registrado fue el de un marroquí que llegó antes del asalto. Mientras, el Gobierno reconoce que 5.800 migrantes están en alojamientos temporales y otros 3.000 acampan en la playa de El Trampolín, en condiciones que sindicatos policiales describen como ‘insalubres’, con casos de sarna y chinches entre agentes.
El colapso institucional es total: el Mando Único para Ceuta, liderado por el ministro Ángel Víctor Torres, admite que no hay capacidad para procesar los expedientes. Con solo 25 policías frente a los ordenadores y 20 ordenadores disponibles, el ritmo actual alargaría los triajes hasta 150 días, según cálculos del vicepresidente ceutí, Alejandro Ramírez (PSOE). Además, 180 personas han renunciado a solicitar asilo tras el mensaje del Gobierno de que Marruecos es un ‘país seguro’ según la UE, pero ningún menor sin familia en Marruecos será devuelto, lo que deja en el aire el futuro de 2.850 menores no acompañados —100 veces más de la capacidad ordinaria de Ceuta.
La soledad política de Sánchez es absoluta: ni en España ni en la UE hay apoyo a su postura. El Día de Ceuta (2 de septiembre) movilizó a millones en plazas de toda España, pero en el Congreso el PSOE quedó aislado en su defensa de la ‘colaboración leal’ de Marruecos, mientras la oposición —desde PP a Vox— exige el retorno inmediato de los migrantes. Incluso el Parlamento Europeo ha instado a Rabat a ‘responder por el asalto’, algo que el Gobierno español evita mencionar. La última promesa de Sánchez, ‘estabilizar Ceuta para final de año’, choca con la realidad: la ciudad sigue sin un plan de seguridad especial prometido en 2021 tras un asalto similar, y con solo tres ministros leales (Marlaska, Robles y Planas) a su lado desde el inicio.
El fracaso en la gestión se extiende a otros frentes: 40 documentos desclasificados no han logrado convencer a la oposición de que Marruecos no tuvo responsabilidad directa, y las alertas previas confirmadas por un informe policial —filtrado por El Español— refuerzan las acusaciones de ‘abandono’. Mientras, Vivas repite en cada comparecencia: ‘Ceuta no es un campo de refugiados’. La pregunta que nadie responde es cómo el Gobierno piensa cumplir su objetivo de ‘devolver a todos’ sin recursos, tiempo ni apoyo internacional.
