El Gobierno local reclama información sobre asilo, expulsiones y plazos tras la crisis de julio; el Estado aún no ha dictado resoluciones en casos clave
El Consejo de Gobierno de Ceuta ha aprobado este miércoles un **requerimiento formal** a la Administración General del Estado para conocer el estado de **13.000 expedientes de migrantes** abiertos tras la llegada masiva irregular de los días **30 y 31 de julio**, según anunció el portavoz del Gobierno local, **Alejandro Ramírez**. La Ciudad Autónoma solicita detalles sobre **tramitación de asilo, medios humanos y plazos de resolución**, datos que considera esenciales para gestionar la situación actual.
El requerimiento, dirigido a la **Subsecretaría de Interior** —competente en extranjería y seguridad—, busca esclarecer por qué, **a casi dos meses de los hechos**, no se han dictado **resoluciones de expulsión, devolución o retorno** en la mayoría de casos. Tampoco hay información sobre las **solicitudes de protección internacional** presentadas por los afectados, según detalló Ramírez. Ceuta alega que el Estado **no ha respondido de forma clara** a sus reiteradas peticiones de datos desde entonces.
Este movimiento se enmarca en la **competencia compartida** entre el Estado y Ceuta en materia de seguridad fronteriza: mientras la Ciudad gestiona la acogida y orden público, el Gobierno central asume la tramitación de asilo y expulsiones. Sin embargo, la falta de coordinación ha generado **tensión institucional**: el Ejecutivo local denuncia que, sin datos precisos, no puede evaluar ni planificar medidas efectivas para una crisis que, según sus cifras, **supera los 13.000 migrantes en situación irregular** en la ciudad.
El requerimiento no es un acto aislado. Tras los hechos de julio —cuando **más de 5.000 personas cruzaron la valla en 48 horas**—, Ceuta activó el **artículo 155 de la Constitución** para solicitar refuerzos estatales, pero la respuesta en materia de asilo sigue siendo **opaca**. Mientras, la presión social crece: asociaciones vecinales y partidos como **Vox y PP** exigen al Gobierno central **transparencia y acción urgente**, acusando de **falta de control** en la gestión de fronteras.
La próxima respuesta del Estado será clave. Si no aporta datos en **plazo razonable** (el requerimiento no especifica fecha límite), Ceuta podría escalar el conflicto con **medidas unilaterales**, como suspender acuerdos de colaboración en seguridad o recurrir a los tribunales para exigir información vinculante.
