El Gobierno exige al PP el reparto obligatorio de menas, pero Vox y algunas CCAA se niegan invocando acuerdos de investidura
Ceuta atiende a 1.100 menores migrantes no acompañados, una cifra que supera en un 2.600% su capacidad crítica de acogida, fijada en 29 plazas tras la actualización de junio de 2025. La situación se desató hace una semana, cuando 72.000 personas entraron masivamente desde Marruecos, de las que el Gobierno afirma haber devuelto 70.000, aunque el presidente ceutí, Juan José Vivas, estima que hasta 6.000 siguen en la ciudad.
El Estado debe repartir a estos menores por todo el territorio español, tal como establece la reforma del reglamento de extranjería de 2025, que obliga a las comunidades autónomas a acogerlos si se declara una situación de contingencia —como ocurre en Ceuta desde hace casi un año—. El Gobierno presiona al PP, que gobierna en 12 de las 17 autonomías, para que acepte el reparto, y advierte de que recurrirá a los tribunales si se niega.
El PP ha suavizado su postura en los últimos días, aunque su socia de coalición, Vox, mantiene un rechazo frontal. En comunidades donde ambos parten el gobierno, como Extremadura, Andalucía, Castilla y León o Aragón, Vox ha invocado acuerdos de investidura que prohíben expresamente acoger a menores extranjeros no acompañados. En cambio, en regiones donde el PP gobierna en solitario, como Galicia o Valencia, se ha mostrado más flexible, aunque con condiciones.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará este viernes a Ceuta para supervisar la identificación de los menores. Mientras, el PP ha solicitado que el Congreso y el Senado permanezcan activos en agosto para abordar la crisis, tras fracasar en su intento de lograr una comparecencia urgente de Pedro Sánchez.
La situación de contingencia en Ceuta, declarada en 2024, permite a las comunidades autónomas acoger a los menores migrantes no acompañados, pero solo si se triplica la capacidad ordinaria asignada a cada autonomía. En el caso de Ceuta, la capacidad crítica de acogida se sitúa en 29 plazas, lo que significa que el Estado debe repartir a los menores por todo el territorio español.
El PP ha argumentado que no puede aceptar el reparto de menores migrantes sin la aprobación de Vox, su socia de coalición en algunas comunidades autónomas. Sin embargo, el Gobierno ha advertido de que recurrirá a los tribunales si el PP se niega a aceptar el reparto, lo que podría llevar a una crisis política en el país.
Fuente: 20minutos
