El Govern y la oposición, excepto Vox, acuerdan revisar la escuela inclusiva y blindar el catalán como lengua vehicular, mientras los sindicatos amenazan con más huelgas
El Govern catalán y la oposición —excepto Vox— han cerrado este viernes un acuerdo para refundar el sistema educativo, con el objetivo de alcanzar una inversión del 6% del PIB (unos 20.000 millones) y revisar modelos como la escuela inclusiva y el papel del catalán como lengua vehicular. La cumbre, presidida por el president Salvador Illa, marca el inicio de un debate que busca consensos para la próxima década, en paralelo a las huelgas docentes y los malos resultados en pruebas como PISA.
La consellera de Educaciónnn, Esther Niubó, destacó que el pacto responde a una «desorientación educativa» generada por cambios sociales y tecnológicos. El Govern propone recuperar la lectura, la escritura y el cálculo mental, reduciendo el uso de pantallas, aunque el modelo lingüístico —especialmente el blindaje del catalán— generó discrepancias, con el PP en contra. La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la inmersión lingüística añade presión al debate.
Se crearán dos grupos de trabajo: uno para diseñar la nueva hoja de ruta educativa, liderado por el presidente del Consell d’Educació de Cataluña (CEC), Joan Manuel del Pozo, con conclusiones previstas para abril de 2027; y otro para acordar el calendario de financiación. Niubó aclaró que el objetivo del 6% del PIB «no se alcanzará en una legislatura», pues la partida actual es de 8.356 millones.
El acuerdo busca proyectar una imagen de cooperación, aunque los sindicatos —en pie de guerra— amenazan con más huelgas si no se mejoran las condiciones laborales y los recursos en las aulas. Illa insistió en que el diálogo se mantiene, pero solo para aplicar acuerdos ya existentes, mientras los docentes exigen negociar mejoras concretas.
Niubó recordó que 20 años después del Pacte Nacional per l’Educació y 17 años después de la aprobación de la ley de educación es el momento de rehacer consensos en torno a una nueva hoja de ruta, señalando la necesidad de actualizar el marco normativo y las prácticas pedagógicas para responder a los cambios sociales, tecnológicos y demográficos que han generado una «desorientación educativa».
