La Junta reduce a mes y medio el plazo para entregar ayudas de 15.000 euros por autónomo en municipios mineros y rurales
La Junta de Castilla y León ha destinado 7.070.600 euros a 479 emprendedores en zonas de reindustrialización, dentro de tres planes territoriales para reactivar áreas afectadas por la transición energética y el declive industrial. Los beneficiarios, repartidos en las provincias de León, Palencia, Valladolid, Zamora y Salamanca, han recibido ayudas directas de 15.000 euros cada uno para impulsar proyectos de autoempleo.
El Plan Territorial de Fomento de Tierra de Campos, que abarca cuatro provincias, ha respaldado a 74 nuevos empresarios con 1.110.000 euros en su segunda convocatoria. En La Raya —Salamanca y Zamora—, 41 emprendedores han obtenido 615.000 euros. El mayor desembolso corresponde al Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, con 5.345.600 euros para 364 autónomos en León y Palencia, cofinanciados por el Fondo de Transición Justa de la UE desde 2024.
La Junta destaca que el plazo medio entre la solicitud completa y el pago no supera el mes y medio, una rapidez que contrasta con los trámites habituales en otras comunidades. Las ayudas exigen acreditar gastos mínimos de 5.000 euros para el inicio de la actividad y están gestionadas por la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo (Fácil), entidad pública financiada por las consejerías de Economía y de Industria.
El Gobierno autonómico ha abierto nuevas convocatorias para 2026, incluyendo una dirigida a 57 municipios del nordeste de Segovia, donde los emprendedores que hayan iniciado su actividad desde diciembre de 2025 podrán optar a los mismos 15.000 euros. También sigue vigente la segunda convocatoria para Tierra de Campos, vinculada a un programa aprobado en noviembre de 2024.
Estas iniciativas se enmarcan en la estrategia de la Junta para frenar la despoblación en áreas rurales y mineras, donde la pérdida de empleo tradicional —como la minería del carbón— ha acelerado el éxodo. El Fondo de Transición Justa, que cofinancia parte de las ayudas, es un instrumento europeo para compensar a regiones afectadas por el cierre de industrias contaminantes, aunque su aplicación en España ha generado críticas por la lentitud en la ejecución en otras comunidades.
