La Junta presenta diez alegaciones al borrador y avisa de que Meta podría perder sus permisos en Talavera de la Reina por los recargos de hasta el 500 %
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado diez alegaciones al borrador del real decreto sobre centros de datos que prepara el Ejecutivo de Pedro Sánchez. La consejera Portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, advirtió este miércoles de que la futura normativa puede «cambiar las reglas del juego» para inversiones que comenzaron su tramitación bajo condiciones distintas.
Entre los proyectos afectados está el gran centro de datos de Meta previsto en Talavera de la Reina. Según explicó Padilla, si empresas como Meta no consiguen acreditar los nuevos requisitos podrían enfrentarse incluso a la pérdida de sus permisos.
El borrador exige que el 80 % de la energía consumida por estas instalaciones proceda de fuentes renovables. Además, las compañías deberán demostrar que esa electricidad limpia se genera en el mismo momento en que la utiliza el centro de datos. Esa doble condición es la que más inquietud genera en la Junta.
Recargos de hasta el 500 % y retirada de permisos
Las alegaciones cuestionan tanto el rango jurídico elegido por el Gobierno central como la proporcionalidad de las sanciones. El borrador contempla recargos que pueden alcanzar el 500 %, la retirada de los permisos de acceso y conexión a la red eléctrica y la caducidad de autorizaciones ya concedidas.
La Junta sostiene que consecuencias de esa magnitud necesitan una cobertura legal suficiente. Por eso propone que la reforma se tramite como una proposición de ley o mediante una modificación de la legislación vigente, en lugar de quedar regulada por completo mediante un real decreto.
El Ejecutivo autonómico reclama además que los posibles recargos se apliquen de manera gradual y proporcionada, atendiendo a las circunstancias concretas de cada proyecto.
Salvaguarda para las inversiones ya en tramitación
Otro bloque de alegaciones busca proteger los proyectos que están actualmente en tramitación. Castilla-La Mancha solicita un régimen transitorio flexible, adaptado al grado de madurez de cada iniciativa, y una salvaguarda específica para las inversiones con procedimientos administrativos ya avanzados.
La petición afecta de lleno al campus de datos de Meta en Talavera de la Reina. La Junta defiende que la entrada en vigor de nuevas obligaciones no debería poner en riesgo inversiones diseñadas y tramitadas con arreglo a las condiciones vigentes hasta ahora.
Castilla-La Mancha pide también que los criterios de eficiencia energética se implanten de una manera «realista y territorialmente justa». Padilla insistió en que esta reclamación no pretende rebajar los estándares ambientales ni lograr una excepción particular para la comunidad autónoma.
La propuesta regional consiste en aplicar progresivamente las nuevas exigencias de consumo renovable, acompasándolas a la capacidad real de las redes eléctricas y al despliegue de nuevas instalaciones de generación. «Castilla-La Mancha está pidiendo una norma exigente, jurídicamente segura y territorialmente justa», resumió la consejera Portavoz.
