El acuerdo con las organizaciones agrarias incluye ayudas para compensar las pérdidas de cosecha y zonas piloto que podrían activarse antes de final de año
José Luis Martínez Guijarro, vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, ha confirmado hoy que el Ejecutivo autonómico y las organizaciones agrarias han pactado una «franja de seguridad de diez metros sin cultivar» en parcelas agrícolas junto a zonas forestales. La medida busca reducir el riesgo de incendios, tras una temporada con más de 12.000 hectáreas quemadas en la región.
El acuerdo, aún en fase de implementación, obliga a los propietarios de tierras perimetrales a áreas boscosas a mantener estas franjas libres de vegetación. Según datos de la Consejería de Agricultura, el 60% de los incendios en Castilla-La Mancha en 2026 se originaron en interfaces entre cultivos y masas forestales, una cifra un 30% superior a la media de la última década.
Las organizaciones agrarias han reclamado soluciones tras meses de protestas por la falta de recursos para prevención. El Gobierno autonómico, liderado por Emiliano García-Page, ya había anunciado en julio un plan de 5 millones de euros para reforzar la vigilancia, pero este nuevo pacto añade un componente estructural. Las organizaciones agrarias, como ASAJA y COAG, habían denunciado que la falta de coordinación entre administraciones agravaba los riesgos.
La franja de seguridad se aplicará progresivamente, con ayudas públicas para compensar las pérdidas de cosecha en las parcelas afectadas.
El PP regional ha criticado al Gobierno por falta de medidas contundentes, mientras que Podemos ha calificado el acuerdo como un paso necesario para proteger el medio rural.
