El ministro critica al PP por llevar nueve meses sin renovar los cargos senatorialistas, mientras el partido responde con acusaciones al Gobierno por su gestión de Ceuta
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, **Félix Bolaños**, ha acusado al **Partido Popular (PP)** de incumplir la Constitución al llevar **nueve meses sin renovar los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional** designados por el Senado. Bolaños, que intervino en las últimas sesiones de control al Gobierno en ambas cámaras, advirtió que esta situación «no tiene justificación» y que el PP, que necesita el apoyo del **PSOE** para aprobar las propuestas, está paralizando el proceso.
Los cuatro magistrados —**Cándido Conde-Pumpido** (presidente), **Ricardo Enríquez**, **María Luisa Balaguer** y **José María Macías**— llevan con sus mandatos expirados desde **diciembre de 2025**, según la página oficial del Tribunal Constitucional. La Constitución establece que estos cargos, elegidos por el Senado, deben renovarse cada nueve años, y que ningún magistrado puede ser propuesto para un segundo mandato inmediato si ya ha ocupado el puesto por más de tres años. Conde-Pumpido, de ideología progresista, sería el único afectado por esta regla al haber superado ese plazo.
El PP, en respuesta, criticó al Gobierno por priorizar este tema sobre crisis reales como la de **Ceuta**, donde la llegada masiva de migrantes ha colapsado los recursos. Fuentes del partido en el Senado aseguraron que Bolaños debería «empezar por respetar a las Cortes» y recordaron que el presidente **Pedro Sánchez** incumple su obligación de comparecer ante el Senado, algo que, según el Reglamento del Senado, es exigible para los ministros y el presidente del Gobierno.
El bloqueo en la renovación del Constitucional tiene implicaciones políticas directas: sin estos cuatro magistrados, el tribunal queda con solo **ocho de sus doce miembros**, lo que puede ralentizar procesos judiciales clave, como recursos contra leyes autonómicas o conflictos de competencia entre el Estado y las comunidades. Además, el PP y el PSOE mantienen posturas enfrentadas en la interpretación de la Constitución, lo que dificulta cualquier acuerdo para nombrar a los nuevos magistrados.
Mientras, el Gobierno insiste en que la renovación es una prioridad, pero el PP la usa como arma política. Las fuentes del partido advirtieron que «no participarán de la cortina de humo» del Gobierno para desviar la atención de temas como Ceuta, donde la situación humanitaria sigue siendo crítica.
