El alcalde sostiene que hay adoquines y cuchillos de gran dimensión; los campistas aseguran que son utensilios para cocinar y la CEE pide excluir toda violencia
La acampada en la Puerta del Sol ha crecido en las últimas jornadas y cuenta con servicios como botiquín, comedores comunitarios y zonas de descanso. En la acampada participan miembros del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, colectivos como Anticapitalistas o Izquierda Revolucionaria, y arrendatarios independientes, en un ambiente descrito como «organismo vivo» por una campista. Los voluntarios usan cuchillos para cortar fruta, materiales que el alcalde José Luis Martínez Almeida (PP) ha presentado el jueves como «armas arrojadizas» en imágenes remitidas a la Delegación del Gobierno.
Almeida advirtió el miércoles de un supuesto riesgo de violencia en la acampada. Sin embargo, los bomberos del Ayuntamiento desmintieron cualquier peligro: su informe concluye que la acampada «no obstaculiza el acceso a servicios de emergencia» y que los itinerarios de evacuación permanecen accesibles.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha denunciado el impacto de la acampada en el turismo. Los acampados, muchos de ellos trabajadores o estudiantes, rechazan la narrativa de «vagos»: «Vienen aquí a luchar, no a holgazanear», asegura uno de ellos. El PP ha presentado un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo para solicitar su disolución.
El contraste entre la realidad y la versión oficial se extiende a otros actores. Los obispos, a través del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, han condenado «episodios de violencia» —sin aportar pruebas—, pero reconocen el derecho a manifestarse. La acampada, convocada tras el desahucio de Maricarmen, mantiene asambleas diarias frente a la sede de la Comunidad de Madrid, custodiada por agentes, sin incidentes graves hasta el momento.
