El diputado de Vox en las Cortes Valencianas cita datos como el 209% de aumento en agresiones sexuales con penetración en ocho años y exige medidas concretas con fondos ya aprobados en los Presupuestos de 2026
Joaquín Alés, diputado de Vox en las Cortes Valencianas, ha relacionado este miércoles el aumento de delitos en la Comunidad Valenciana con la inmigración ilegal durante el debate de política general. Según sus datos, la región es ya la segunda de España con mayor porcentaje de población extranjera, y en los últimos ocho años las agresiones sexuales con penetración han crecido un 209%, mientras que el tráfico de drogas aumentó un 19% en solo un año.
Alés ha exigido al Gobierno que aplique «con los fondos ya previstos en los Presupuestos de 2026» un estudio sobre las nuevas realidades delictivas, pruebas de edad rigurosas y publicadas para menores, y la expulsión sin excepciones de extranjeros que cometan delitos graves o reincidan. También ha criticado la cooperación con países que no aceptan a sus nacionales de vuelta y ha condenado la subvención pública a organizaciones vinculadas al tráfico de personas.
El diputado ha vinculado estas medidas a la seguridad ciudadana, reclamando «una España con fronteras, ley y orden», y ha citado como ejemplo la prohibición de símbolos religiosos como el burka en edificios públicos. Sus declaraciones, presentadas como «sentido común», responden a una demanda que, según asegura, comparten «miles de valencianos».
La Comunidad Valenciana, con un 15,3% de población extranjera según el INE (2025), supera solo a Cataluña en este porcentaje. El aumento de delitos sexuales —del que Alés destaca el dato del 209%— coincide con un contexto de tensión política en la región, donde el PP y Vox compiten por liderar el discurso de seguridad. El Gobierno valenciano, presidido por Carlos Mazón (PP), ya ha anunciado planes de refuerzo policial, aunque sin mencionar directamente la inmigración como causa.
Las propuestas de Alés, como las pruebas de edad o la suspensión de cooperación internacional, chocan con la línea del Ejecutivo central, que prioriza acuerdos con países de origen para frenar la llegada irregular. La última cifra oficial de migrantes en situación irregular en España (2026) supera los 350.000, según datos del Ministerio del Interior, aunque las comunidades autónomas denuncian falta de coordinación en su gestión.
