Funcionarios del Centro Nacional de Inteligencia aseguran que alertaron con antelación sobre el riesgo en la frontera, mientras Gobierno y oposición se acusan mutuamente de manipular sus informes
Los más de 3.500 agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) han expresado su malestar por el uso político de su labor tras la entrada masiva de 72.000 inmigrantes en Ceuta el pasado 30 de julio, un episodio que ha desencadenado un cruce de acusaciones entre el Gobierno y la oposición sobre si el organismo advirtió o no del riesgo.
Fuentes del CNI confirman a La Razón que el centro elaboró informes previos alertando sobre la sentencia del Tribunal Supremo que afectaba a Marruecos, la falta de barrera marítima en el Tarayal y el aumento de nadadores en los días previos al asalto. «Todo se informó con tiempo suficiente. Se sabía por completo lo que iba a pasar», afirma un agente, en referencia a las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien aseguró que el CNI no había avisado de la magnitud del evento. La titular de Defensa, Margarita Robles, defendió la «labor genérica» de los servicios de inteligencia,,, pero evitó confirmar si los informes existían.
Desde el Partido Popular, su presidente, Alberto Núñez Feijóo, cuestionó si el CNI desconocía la «ocupación premeditada» desde Marruecos, lo que los agentes interpretan como una insinuación de incompetencia o encubrimiento. «O insinúa que no hacemos nuestro trabajo o que lo hacemos pero nos callamos», relata otra fuente. El CNI, adscrito al Ministerio de Defensa pero con la misión de informar directamente al presidente del Gobierno, opera bajo secreto oficial, lo que impide a sus miembros desmentir públicamente las versiones políticas. «Nosotros nunca podremos salir a defendernos», lamentan.
El organismo, creado en 2002 para sustituir al CESID, tiene una plantilla de 3.500 efectivos —un 65% civiles y un 35% militares— y es uno de los pocos servicios de inteligencia en Europa que actúa tanto dentro como fuera del territorio nacional. Su dependencia del Ministerio de Defensa, en lugar de Presidencia —como ocurre con el Departamento de Seguridad Nacional—, es considerada una «anomalía» por algunos expertos, que señalan que podría dificultar su autonomía operativa. El semanario francés L’Express destacó recientemente en un ranking que el CNI sobresale en antiterrorismo y en el análisis de Marruecos y América Latina, pero carece de peso en asuntos relacionados con Rusia, un déficit vinculado al caso del agente Roberto Flórez, condenado en 2007 por filtrar información a Moscú.
La crisis de Ceuta ha reabierto el debate sobre la politización de los servicios de inteligencia. Mientras la Policía intenta localizar a los inmigrantes que no han sido devueltos —con especial preocupación por posibles yihadistas—, el CNI busca «recomponer su imagen» ante aliados internacionales. Según L’Express, varios responsables extranjeros describen al servicio español como «desconectado del poder político», una percepción que choca con las acusaciones de instrumentalización tras el episodio fronterizo. «Si no se habla de nosotros, es que estamos trabajando como sabemos y todo va bien», resume un exagente.
