El Consejo de Seguridad Nacional se reúne por la crisis de julio, cuando 80.000 personas cruzaron la frontera, mientras un estudio encargado hace siete años sigue sin publicarse
El Gobierno convocó este martes una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional para abordar la crisis migratoria en Ceuta, tras la entrada masiva de 80.000 personas el pasado 30 de julio, según cifras del ministro Ángel Víctor Torres. La cita, celebrada casi un mes después del episodio, busca implementar un mando único y declarar la situación de interés para la Seguridad Nacional, mientras persisten dudas sobre la acogida de menores, los procedimientos de asilo y los retornos.
La respuesta del Ejecutivo reactiva un informe confidencial encargado en 2019 por el Comité Especializado de Inmigración, órgano dependiente del Consejo de Seguridad Nacional. El estudio, centrado en Ceuta y Melilla, se enmarcó en un Plan de Contingencia Global para llegadas masivas, que incluía una Célula de Seguimiento y Análisis. Aunque el Comité anunció su elaboración durante una reunión presidida por la entonces secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, sus conclusiones nunca se hicieron públicas, pese a que el Gobierno ya identificaba entonces las dos ciudades autónomas como fronteras críticas de la UE con África.
El contexto de 2019 revela que el informe no era un análisis académico, sino parte de una estrategia para modernizar las fronteras. Ese mismo año, el Gobierno aprobó un plan para sustituir concertinas, mejorar la videovigilancia y desplegar fibra óptica en Ceuta y Melilla, según el Informe Anual de Seguridad Nacional. Sin embargo, la falta de transparencia sobre el estudio de 2019 contrasta con la urgencia actual: la cifra de 80.000 llegadas en julio supera en más de un 1.000% los registros habituales, según datos del Ministerio del Interior.
La reunión del Consejo de Seguridad Nacional llega en un momento clave para el Gobierno, que enfrenta presiones para agilizar los retornos y garantizar la protección de los menores no acompañados. Mientras, Marruecos, país de origen de la mayoría de los migrantes, no ha emitido declaraciones oficiales sobre la crisis. La activación del mando único, una figura prevista en la Ley de Seguridad Nacional, permitiría centralizar la coordinación entre el Ministerio del Interior, Defensa y la Delegación del Gobierno en Ceuta, pero su eficacia dependerá de la capacidad logística de una ciudad con recursos limitados.
El precedente de 2019 subraya un patrón: el Estado diseñó herramientas para crisis migratorias, pero su implementación ha sido desigual. El Plan de Contingencia Global, que incluía informes periódicos de riesgo, no evitó que la llegada de julio colapsara los servicios de Ceuta. Ahora, el Gobierno debe demostrar si las lecciones de hace siete años —o las que quedaron en el informe secreto— sirven para gestionar una emergencia sin precedentes recientes.
Fuente: Vozpópuli
