El Govern oculta las aportaciones del equipo liderado por Martí Carnicer hasta que el Congreso apruebe el nuevo modelo de financiación autonómica
El Govern de la Generalitat mantiene operativo un equipo de siete economistas que asesora en secreto sobre el nuevo modelo de financiación para Cataluña, pese a que el grupo cesó sus reuniones en enero de 2026. Según documentos obtenidos por El Periódico mediante una petición de transparencia, el ejecutivo catalán justifica la confidencialidad de los trabajos para «no interferir en el proceso de debate, tramitación y aprobación» del sistema, que el Gobierno central debe presentar a las autonomías en septiembre.
El equipo, liderado por el exsecretario de Economía de la Generalitat Martí Carnicerooo, se creó en octubre de 2024 con el encargo de diseñar un modelo que aportaría 4.700 millones de euros adicionales a Cataluña —21.000 millones para el conjunto de las autonomías—. Carnicer, quien ya participó en la implantación del sistema vigente —ahora caducado—, confirmó que el grupo «está activo y a disposición del Govern» mientras continúen las negociaciones en el Congreso, donde la aprobación definitiva del modelo no está garantizada.
La opacidad del proceso ha generado suspicacias: ni las reflexiones del grupo ni sus documentos de trabajo se han hecho públicos. El Govern alega que los informes «tienen carácter confidencial» y que «los trabajos aún no han acabado», aunque las reuniones cesaron hace siete meses. Carnicer rechazó detallar las aportaciones realizadas, argumentando que hacerlo equivaldría a «interferir en la negociación», y evitó precisar si sus propuestas coinciden con las presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El desenlace de la negociación es clave para la legislatura catalana. Si el Congreso aprueba el modelo, la Generalitat dispondrá de fondos adicionales para impulsar los presupuestos de 2027, lo que facilitaría el apoyo de ERC y los Comuns. En caso contrario, el Govern de Salvador Illa podría perder la estabilidad parlamentaria, ya que el acuerdo de investidura con ERC incluía como condición prioritaria la reforma de la financiación.
El nuevo sistema no solo incrementaría los recursos, sino que modificaría la cesión de impuestos, la solidaridad interterritorial y el sistema de anticipos, lo que obligará a las autonomías a adaptar sus estructuras fiscales. La Generalitat, sin embargo, no ha aclarado cómo implementaría estos cambios ni qué papel jugaría el equipo de expertos en esa fase.
