Extremadura, Aragón y Castilla y León rechazan debatir el reparto de 4.000 menores no acompañados y exigen un recuento oficial antes de cualquier medida
Los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde Vox gestiona las competencias de Infancia, han anunciado que no asistirán a la Conferencia Sectorial sobre menores migrantes no acompañados convocada para el 27 de agosto en Ceuta, boicoteando así la primera cumbre sectorial tras el asalto masivo del 30 de julio.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, convocó el pasado 13 de agosto una comisión preparatoria donde ya se evidenció la división: las tres autonomías gobernadas con Vox se ausentaron, mientras que el resto de comunidades del PP lograron eliminar del orden del día el debate sobre la atención a los menores. La reunión del jueves se limitará formalmente a aprobar un crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta, aunque Rego insiste en impulsar un reparto entre comunidades. «Volveré a intentar que colaboren», declaró semanas atrás.
El PP exige como condición previa un recuento definitivo de los menores, cuya cifra oscila entre los 2.000 identificados por la Policía Nacional y los 4.000 estimados por organizaciones solidarias. Hasta que no se resuelvan los expedientes, los populares descartan cualquier medida. La desconfianza se agravó tras el traslado unilateral de 500 niñas a la península, desmentido por el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, quien prioriza el retorno de todos los irregulares, sean menores o adultos.
La cronificación de la crisis —con miles de inmigrantes hacinados en centros o carpas— ha llevado a Ceuta a exigir la expulsión masiva para recuperar la normalidad. Mientras el Gobierno mantiene su hoja de ruta de reparto, el PP advierte de una «batalla política» si se impone sin acuerdo. Las comunidades gobernadas por populares, excepto las tres con Vox, asistirán a la cumbre, pero estudian un plante conjunto a Rego si no se garantiza una solución con Marruecos para los retornos.
El conflicto refleja la fractura territorial en la gestión migratoria: las autonomías con Vox rechazan asumir competencias que consideran responsabilidad estatal, mientras el Gobierno busca repartir la carga sin un marco legal claro. La ausencia de Presupuestos actualizados y la falta de coordinación con Marruecos agravan la situación, que amenaza con escalar en el plano político antes de resolverse en el terreno.
Fuente: La Razón
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