Marruecos rechaza repatriar cadáveres y menores tras romper la cooperación inicial, forzando a España a instalar carpas en Ceuta
El Gobierno de Pedro Sánchez ha abandonado su promesa inicial de devolver a Marruecos a los 8.000 inmigrantes que permanecen en Ceuta tras la avalancha del 30 de julio, la mayor registrada en la ciudad autónoma. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, matizó ayer que solo «la inmensa mayoría» regresará «a la mayor inmediatez», sustituyendo las devoluciones exprés por expedientes de expulsión, un proceso más lento que excluye a menores y solicitantes de asilo.
La crisis se agravó cuando Marruecos dejó de aceptar repatriaciones, incluyendo los cadáveres de fallecidos durante el cruce. El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, exigió además la entrega de los menores marroquíes y reivindicó la soberanía de Ceuta y Melilla, lo que provocó una respuesta contundente del Gobierno español: «Ceuta y Melilla son ciudades españolas, frontera de la UE, y rechazaremos cualquier planteamiento distinto», según fuentes de Exteriores. La tensión diplomática escaló tras el cambio de tono de Rabat, que pasó de colaborar en las primeras devoluciones —72.000 de los 80.000 llegados— a bloquear cualquier retorno.
El fracaso de la estrategia inicial obligó al Gobierno a improvisar soluciones. Se instalaron 1.800 plazas en carpas para realojar a los inmigrantes que acampaban en la playa del Trampolín, sumadas a las 800 del Centro de Estancia Temporal de Extranjeros (CETI). Sin embargo, 6.500 personas siguen sin control en la ciudad, según balances internos de la Policía. La designación de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, como «mando único» de la crisis tres semanas después del suceso confirma el colapso del plan inicial.
El giro en la postura marroquí se produjo tras la regularización extraordinaria de migrantes en España, que Ouahbi criticó como un «obstáculo» para las devoluciones. Mientras, el Gobierno español ha evitado confrontar directamente con Rabat: Pedro Sánchez mantuvo un perfil bajo durante sus vacaciones en Lanzarote, y solo la ministra de Defensa, Margarita Robles, respondió a Ouahbi con un «Ceuta es españolísima». La UE, por su parte, prohíbe trasladar a los inmigrantes a la Península, dejando a España sin alternativas legales para resolver la situación.
La Ley de Extranjería establece un plazo máximo de 72 horas para las devoluciones, pero las autoridades españolas incumplieron este límite desde el primer día, deportando a inmigrantes —incluidos menores— en camiones sin garantías legales. Este precedente, junto al bloqueo marroquí, ha dejado al Gobierno en una posición de debilidad, dependiente de la voluntad de Rabat para controlar los flujos migratorios.
