Cuca Gamarra vincula la crisis a la «integridad territorial» y reclama 50 funcionarios de Extranjería y un plan nacional urgente
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha calificado la llegada de 80.000 personas a Ceuta desde Marruecos desde el pasado 30 de julio como una «invasión» y ha exigido su devolución inmediata al amparo de una directiva europea que declara a Marruecos «país seguro».
Gamarra, en una entrevista en Telecinco, ha argumentado que la legislación europea —que España aplica— niega el derecho de asilo a los ciudadanos marroquíes, por lo que las repatriaciones deben ejecutarse «sin demora». El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley que insta al Gobierno a activar la Ley de Seguridad Nacional y desplegar un «refuerzo extraordinario» en la ciudad autónoma, incluyendo 50 nuevos funcionarios de Extranjería procedentes de otras comisarías españolas si es necesario.
La iniciativa parlamentaria, presentada este lunes, reclama un «mecanismo rápido» de devolución con «medios sociales y humanos suficientes» y un Plan Nacional de Normalización para «recuperar la normalidad» en Ceuta. Gamarra ha subrayado que el objetivo es proteger «la integridad territorial de España y los derechos de los ceutíes», vinculando la crisis migratoria a un desafío de soberanía. La proposición no de ley, sin carácter vinculante, se suma a la presión del PP para que el Gobierno actúe antes de que finalice el plazo de 20 días desde el inicio de los cruces masivos.
El marco legal que esgrime el PP se basa en una directiva europea aprobada a mediados de julio, que incluye a Marruecos en la lista de «países seguros». Esta clasificación permite a los Estados miembros denegar solicitudes de asilo de ciudadanos marroquíes y agilizar las devoluciones. Sin embargo, organizaciones como CEAR han advertido que la aplicación automática de esta norma podría vulnerar el principio de no devolución si no se evalúan casos individuales.
La crisis en Ceuta ha reabierto el debate sobre la gestión migratoria en las fronteras españolas, con el PP acusando al Gobierno de «pasividad» y el Ejecutivo defendiendo la coordinación con Marruecos para frenar los cruces. Mientras, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas (PP), ha solicitado la intervención de las Fuerzas Armadas para controlar la situación.
