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El PIB por habitante en España crece solo la mitad que el agregado desde 2019

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La Moncloa - Gobierno de España (Pool Moncloa)
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El salario neto real cae un 3,7% ante el incremento del 12,9% en la carga fiscal por IRPF y cotizaciones según el Instituto Juan de Mariana

Un análisis elaborado por el economista Santiago Calvo para el Instituto Juan de Mariana constata que el producto interior bruto (PIB) español en términos reales acumula un incremento del 12% desde el segundo trimestre de 2019, mientras que el PIB por habitante ha avanzado únicamente un 6,5% en el mismo periodo. Esta brecha sitúa el avance del indicador individual en aproximadamente la mitad del registro macroeconómico agregado, una disparidad que el estudio atribuye de forma determinante a la dinámica demográfica y a la incorporación de más de dos millones de personas migrantes en el último lustro, lo que ha elevado el volumen de población y de personas en edad de trabajar sin un progreso parejo en los rendimientos individuales.

El informe detalla que la productividad por hora trabajada registra un repunte de apenas el 2,4% desde 2019, mientras que la duración media de la jornada laboral se ha reducido. En el periodo previo a la pandemia del coronavirus, la media efectiva alcanzaba las 32,1 horas semanales, situándose en la actualidad en el entorno de las 31 horas semanales, lo que representa una disminución del 2,1%. Según explica Santiago Calvo, profesor en la Universidad de las Hespérides y doctor por la Universidad de Santiago de Compostela, esta combinación refleja que el PIB real generado por cada empleado experimenta avances reducidos a pesar del crecimiento del conjunto de la economía.

La descomposición de los factores que integran el PIB por habitante comprende la población en edad laboral, la proporción de este colectivo que efectivamente desempeña un empleo, el volumen total de horas trabajadas y la producción obtenida por cada unidad de tiempo. En el caso de España, el análisis concluye que el grueso del avance macroeconómico procede de la aportación de mano de obra y de la disponibilidad de efectivos para integrarse en el tejido productivo, situando las tasas de actividad por encima de los registros de 2007 y aproximando el modelo a sus límites de absorción sin mejoras correlativas de eficiencia técnica.

Pérdida de poder adquisitivo y aumento de la presión fiscal

El salario neto de los trabajadores, tras descontar la inflación y la carga tributaria, acumula un retroceso del 3,7% desde 2019. De acuerdo con las estimaciones del centro de estudios, una remuneración neta equivalente a 100 euros en 2019 dispone en la actualidad de una capacidad de compra real situada en aproximadamente 96,3 euros. Esta merma se vincula tanto a la subida sostenida de los precios como a la falta de ajuste de los tramos del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), mecanismo que eleva la tributación efectiva de las rentas salariales ante incrementos nominales.

Los cálculos del estudio indican que la aportación media por empleado a través del IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social es hoy un 12,9% superior a la de 2019. De forma paralela, las cotizaciones a cargo de las empresas han registrado un encarecimiento en torno al 3%, lo que incrementa los costes laborales unitarios por cada puesto de trabajo formalizado en el mercado nacional.

El balance económico presentado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el 28 de julio en el Complejo de la Moncloa, situó a España como la gran economía europea con mayor ritmo de crecimiento durante casi tres años consecutivos. Sin embargo, el análisis del Instituto Juan de Mariana argumenta que la traslación de estas cifras a la economía de los hogares queda atenuada por el freno en los salarios netos, la presión tributaria directa y las dificultades de acceso a la vivienda, donde los precios de adquisición y alquiler han crecido por encima de las remuneraciones en un marco de oferta residencial limitada.

Endeudamiento público y rigideces del mercado de trabajo

El volumen total de deuda pública de las administraciones españolas supera el billón y medio de euros y se sitúa por encima del 100% del PIB, un parámetro que el estudio identifica como un condicionante para la sostenibilidad presupuestaria y la capacidad de respuesta ante eventuales perturbaciones económicas futuras. El análisis subraya la persistencia de un déficit estructural elevado en comparación con los socios comunitarios, advirtiendo de que la fase expansiva del ciclo económico no está derivando en un saneamiento suficiente de las cuentas públicas al mantenerse gastos fijos superiores a los ingresos permanentes.

En el ámbito laboral, el informe constata un incremento en el número absoluto de ocupados, si bien remarca que España continúa exhibiendo una de las tasas de desempleo más altas de la Unión Europea, con especial incidencia en el desempleo juvenil. La reforma laboral ha modificado las modalidades estadísticas de contratación sin corregir el déficit estructural de productividad ni abaratar el esfuerzo de acceso a bienes de primera necesidad como el parque residencial, factores que inciden en la demora de la emancipación juvenil.

Fuente: El Confidencial Digital

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