La Guardia Civil investiga los siniestros sin resolver, que podrían quedar como casos sin aclarar en Andalucía y otras comunidades
Más del 60% de los incendios forestales registrados este verano en España permanecen sin una causa identificada, según datos de las investigaciones en curso. La Guardia Civil, encargada de esclarecer el origen de los siniestros, ha confirmado que la mayoría de estos casos podrían quedar sin resolver, lo que dificulta la atribución de responsabilidades.
La falta de pruebas o testimonios en el lugar de los hechos es uno de los principales obstáculos para determinar el origen de los incendios. En Andalucía, una de las comunidades más afectadas, las autoridades han señalado que la complejidad del terreno y las condiciones meteorológicas adversas agravan las dificultades para recabar información. Aunque no se han facilitado cifras exactas por comunidad, fuentes de la Guardia Civil indican que el porcentaje de casos sin resolver supera la media nacional en zonas con alta actividad incendiaria.
Este escenario no es nuevo: en veranos anteriores, entre el 50% y el 70% de los incendios forestales en España quedaron sin una causa clara, según informes del Ministerio para la Transición Ecológica. La repetición de este patrón plantea dudas sobre la eficacia de los protocolos actuales de investigación, que dependen en gran medida de la colaboración ciudadana y de la capacidad de los equipos técnicos para actuar en las primeras horas tras el inicio del fuego.
La impunidad en estos casos tiene consecuencias directas: sin un responsable identificado, las administraciones no pueden exigir indemnizaciones por los daños ambientales y económicos, que en 2025 superaron los 120 millones de euros en todo el país. Además, la imposibilidad de esclarecer las causas impide diseñar estrategias preventivas más efectivas, como la identificación de puntos negros o la regulación de actividades de riesgo en zonas forestales.
Organizaciones ecologistas, como WWF España, han reclamado en repetidas ocasiones la creación de una fiscalía especializada en delitos ambientales, similar a la existente en otros países europeos. Hasta ahora, el Gobierno no ha anunciado medidas concretas para abordar este problema, aunque el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluye fondos para modernizar los sistemas de vigilancia y prevención de incendios.
