El condenado, amigo de la familia de la víctima, deberá indemnizarla con 15.000 euros por daños morales y psicológicos
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a 11 años de prisión a un hombre por la violación de una menor de 15 años, hija de unos amigos de la familia, tras amenazarla con difundir fotografías íntimas entre sus padres. La sentencia, dictada este 10 de agosto, incluye además una indemnización de 15.000 euros para la víctima por los daños morales y psicológicos sufridos.
El fallo judicial establece que los hechos ocurrieron cuando la menor tenía 15 años, aunque no se especifica la fecha exacta de la agresión. La Audiencia Provincial de Valencia, órgano encargado de juzgar delitos graves en segunda instancia, ha aplicado el Código Penal español, que tipifica como violación cualquier acto sexual no consentido con menores de 16 años, agravado en este caso por el uso de chantaje emocional.
La indemnización económica fijada por el tribunal busca compensar el impacto psicológico en la víctima, un aspecto cada vez más relevante en sentencias por delitos sexuales. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2025 se registraron en España más de 2.500 condenas por agresiones sexuales a menores, con un aumento del 12% respecto al año anterior. Valencia, con una población de 800.000 habitantes, concentra alrededor del 5% de estos casos.
El condenado, cuya identidad no ha sido revelada por protección a la víctima, deberá cumplir la pena íntegra en un centro penitenciario. La Fiscalía había solicitado inicialmente 14 años de prisión, pero la Audiencia redujo la condena al considerar que no concurrían todas las agravantes propuestas. La defensa, por su parte, anunció que estudiará la posibilidad de recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo.
Este caso se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la violencia sexual contra menores en España. En junio de 2026, el Gobierno aprobó un paquete de medidas que incluye la creación de unidades especializadas en juzgados y fiscalías para agilizar estos procesos, aunque su implementación aún está en fase piloto en varias comunidades autónomas.
Fuente: ABC (España)
