El presidente recurrirá al Supremo tras un fallo que reafirma el control legislativo sobre obras en el complejo presidencial y tacha de «inquilino temporal» al mandatario
Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha ordenado detener las obras del Salón de Baile que el presidente Donald Trump impulsa en la Casa Blanca, al considerar que el proyecto requiere autorización previa del Congreso. La decisión, emitida este viernes por el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, respalda un fallo anterior de abril y subraya que la financiación y desarrollo de infraestructuras en el complejo presidencial son competencia exclusiva del poder legislativo.
Los magistrados recordaron en su resolución que «la decisión de construir o no un gran salón de baile corresponde al Congreso, y no es asunto de la autotutela del Ejecutivo». El tribunal precisó que el presidente actúa como «inquilino temporal» de la Casa Blanca, no como propietario, y que el fallo no evalúa la conveniencia del proyecto, sino el procedimiento legal para ejecutarlo. La orden entrará en vigor en 14 días, plazo que la Administración Trump utilizará para recurrir ante el Tribunal Supremo.
Trump anunció en su red social Truth Social que apelará «de inmediato» y calificó la resolución de «injusta, ilegal y motivada por razones políticas». El mandatario defendió el Salón de Baile como un regalo para el país y las futuras generaciones de presidentes, argumentando además que su paralización pone en riesgo la seguridad de quienes trabajan en la residencia. El proyecto, presentado como pieza central de su legado, ha sido descrito por Trump como uno de los edificios más hermosos jamás construidos en el país.
El litigio surgió tras una demanda del Fondo Nacional para la Preservación Histórica, organización que cuestionó la legalidad de las obras al considerar que el Ejecutivo no puede actuar sin aprobación legislativa. La disputa refleja un conflicto institucional entre la ambición arquitectónica de Trump —uno de los proyectos más ambiciosos de su mandato— y los límites que el Congreso y los tribunales imponen a la autonomía presidencial en la gestión de la Casa Blanca. Ahora, el Tribunal Supremo decidirá si admite el recurso y, en caso afirmativo, tendrá la última palabra sobre el futuro del Salón de Baile.
El fallo se enmarca en una serie de reveses judiciales para Trump en su segundo mandato, donde ha chocado repetidamente con el poder legislativo por iniciativas ejecutivas. En este caso, la resolución judicial no solo frena un proyecto simbólico, sino que reafirma el principio de separación de poderes en un contexto de polarización política. La Casa Blanca, bajo administración republicana, ha insistido en que el Salón de Baile mejoraría la capacidad de recepción de eventos oficiales, mientras que los demandantes argumentan que alteraría el carácter histórico del complejo.
El Congreso, controlado por los demócratas desde las elecciones de 2024, ha mostrado resistencia a aprobar fondos para proyectos no consensuados con la oposición. La decisión judicial podría sentar un precedente para futuras intervenciones en edificios federales, especialmente en aquellos con valor patrimonial. Mientras, la estrategia legal de Trump apunta a una resolución rápida en el Supremo, donde el equilibrio ideológico —con una mayoría conservadora de 6-3— podría inclinar la balanza a su favor.
Fuente: El Debate (Internacional)
