El PSPV presenta 35 propuestas, entre ellas aplicar la ley estatal y limitar precios del alquiler, y ninguna sale adelante
La vivienda abrió el pleno de las Corts Valencianas para debatir las propuestas de resolución del Debate de Política General. Todos los grupos parlamentarios dedicaron parte de sus iniciativas a la crisis habitacional. La sesión mostró dos modelos distintos. PP y Vox votaron a favor de sus recetas. PSPV y Compromís votaron juntos las suyas. Ninguna de las propuestas de la izquierda salió adelante.
El grupo popular pidió instar al Gobierno de España a derogar la ley estatal de vivienda. También reclamó cambios normativos para dar mayor seguridad jurídica a los propietarios. El objetivo declarado era incentivar la oferta de pisos en alquiler en la Comunidad Valenciana. En paralelo, el PP exigió aprobar la ley del suelo estatal. Esa norma, según su propuesta, debe reforzar la seguridad jurídica del planeamiento urbanístico y agilizar su tramitación. Con ello buscan movilizar suelo y aumentar la oferta de vivienda, en especial la de protección pública. Los populares añadieron una rebaja fiscal: reducir el IVA que grava la promoción, construcción y compra de vivienda protegida, ampliando tipos reducidos y bonificaciones.
En el ámbito autonómico, el PP apostó por consolidar el Plan Vive del Consell. No concretó fórmulas, pero pidió impulsar nuevos instrumentos para movilizar viviendas existentes hacia el alquiler asequible. También reforzar el apoyo a propietarios víctimas de la ocupación.
Vox ata la vivienda al arraigo y a los presupuestos de 2026
Vox coincidió con el PP en derogar la ley de vivienda estatal y en simplificar la normativa de urbanización y edificación. Su propuesta añadió un elemento propio: aplicar el principio de prioridad nacional en el ámbito de la vivienda. Vox vinculó esa medida a lo aprobado en los presupuestos de la Generalitat Valenciana del año 2026. El fin, según su iniciativa, es asignar recursos de forma prioritaria a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable en la Comunidad Valenciana. Vox también pidió profundizar la rebaja de la presión fiscal autonómica sobre la compra de vivienda habitual. Su propuesta afirma que busca favorecer la propiedad frente a la precariedad del alquiler. A eso sumó mantener y reforzar las deducciones autonómicas en el IRPF por adquisición, rehabilitación y adaptación de la vivienda habitual.
El PSPV presenta 35 propuestas y ninguna prospera
El PSPV planteó el debate desde el lado opuesto. Sus propuestas pedían apoyo a los decretos de vivienda debatidos en el Congreso de los Diputados. También la puesta en marcha de un plan contra los fondos buitre. Y que la vivienda de protección oficial mantenga esa calificación de forma permanente. Los socialistas instaron a desplegar todos los medios autonómicos para evitar desahucios. Proponían además un protocolo de intermediación para personas vulnerables que vivan en casas de grandes tenedores. Sus propuestas se centraban en los inquilinos. El grupo socialista presentó hasta 35 propuestas en materia de vivienda. Ninguna salió adelante.
Entre esas iniciativas, el PSPV pidió derogar los incrementos del módulo de precio máximo de venta de las VPO introducidos por el PP. También declarar zonas tensionadas y limitar los precios del alquiler conforme a la normativa estatal vigente. Populares y Vox sostienen en sus propuestas que esa norma es la causa de los problemas del mercado.
Compromís comparte el fondo con el PSPV pero no los votos
Compromís tampoco logró apoyo para sus iniciativas, pese al respaldo recíproco del PSPV. Los valencianistas coincidieron con los socialistas en revertir la subida del precio máximo de venta de las VPO. Querían fijar el carácter permanente de esas viviendas. También declarar zonas tensionadas y limitar los precios del alquiler. Añadieron una petición dirigida al Congreso: aprobar una ley que prohíba la compra especulativa de vivienda por fondos buitre. Compromís pidió además garantizar que las VPO se destinen a residencia habitual, especialmente cuando intervienen promotores privados. El fin, según su propuesta, es que cumplan su función social y el interés general. Ninguna de sus iniciativas salió adelante.
El resultado del pleno mantiene el patrón de bloques de la política valenciana. La vivienda es un asunto transversal, pero el acuerdo entre bloques fue imposible. PP y Vox, que sostienen al Consell, aprobaron sus propuestas. PSPV y Compromís, en la oposición, vieron rechazadas las suyas. El PP y Vox comparten mayoría en las Corts. Esa mayoría les permite sacar adelante sus propuestas de resolución sin necesidad de pactar con la oposición.
El Debate de Política General es el mecanismo con el que cada grupo fija su posición ante el Consell al inicio del curso político. Las propuestas de resolución no son leyes. Son mandatos que orientan la acción del Gobierno autonómico. Por eso el choque de este pleno anticipa el tono del curso en materia de vivienda. El PP y Vox marcan la dirección desde el Consell. El PSPV y Compromís no lograron aprobar sus propuestas en esta materia.
El desenlace del pleno valenciano llega en un momento de tensión entre administraciones por la vivienda. El PSPV vinculó sus propuestas a los decretos debatidos en el Congreso. Esa conexión muestra que el debate autonómico no es aislado. Las decisiones del Gobierno central condicionan el margen de las comunidades. Y las comunidades gobernadas por el PP, como la Valenciana, usan su mayoría para marcar distancias con esas normas estatales.
El PP y Vox coincidieron en derogar la ley de vivienda estatal. El PSPV y Compromís coincidieron en aplicarla y ampliarla. Esa división no es solo valenciana. Reproduce el eje que separa a los dos bloques en el conjunto de España. En las Corts, el resultado fue claro: las propuestas de la derecha salieron adelante y las de la izquierda, no.
