Moncloa explora un nuevo texto convalidable o elecciones anticipadas el 29 de noviembre tras el voto en bloque de PP, Vox y Junts
Carles Puigdemont ha roto la negociación con Pedro Sánchez al rechazar el decreto de vivienda, una decisión que deja al Gobierno en una encrucijada: convocar elecciones anticipadas para noviembre —con el riesgo de que la movilización social no se traduzca en votos— o intentar aprobar un texto mínimo convalidable, arriesgándose a nuevos fracasos legislativos.
La votación del viernes en el Congreso, donde PP, Vox y Junts rechazaron el decreto, ha dejado al Ejecutivo sin mayoría para aprobar medidas urgentes. Moncloa confiaba en la abstención de los siete diputados de Puigdemont y ahora explora opciones: desde un decreto simplificado hasta elecciones anticipadas, que podrían celebrarse el 29 de noviembre.
El bloque de investidura de 2023, que incluía a Junts y al PNV, ha colapsado, según un ministro socialista. La amnistía a los independentistas y la imposibilidad de aprobar Presupuestos —a pesar de los acuerdos puntuales— han agravado la fractura. El Gobierno sostiene que es inviable seguir adelante con un Congreso en el que PP, Vox y Junts rechazan el decreto.
El bloque de investidura de 2023, roto
Sánchez apuesta por convertir las elecciones en un plebiscito sobre políticas sociales, pero el desorden en Ceuta —con miles de migrantes sin solución— añade un factor de incertidumbre. Mientras, Sumar, aunque impulsó el decreto, carece de estructura electoral y candidato propio, lo que debilita su capacidad para capitalizar el conflicto.
El mensaje de Moncloa es claro: «PP, Vox y Junts deben elegir: con la ciudadanía o con los especuladores». El Gobierno no tiene mayoría sin Junts y estudia si convoca elecciones anticipadas. Sánchez debe decidir si resiste hasta 2027 o convoca elecciones anticipadas.
Moncloa defiende el decreto y su utilidad
En la noche anterior a la votación, Junts había aceptado por primera vez en un año sentarse a negociar, incorporando algunas de sus exigencias al decreto y aceptando que Sumar renunciara a ciertas peticiones. El bloque independentista rechazó el texto final y dejó al Gobierno sin el apoyo necesario para avanzar.
Moncloa, en respuesta, emitió una nota oficial defendiendo el decreto y su utilidad, subrayando que “ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores”. La nota no reveló ninguna estrategia concreta sobre las consecuencias políticas de la votación.
