El Ministerio Público cierra la investigación sobre la anulación de sanciones a UTE Conservación Valenciana, À Punt y otras firmas por riesgos laborales
La Fiscalía Provincial de Valencia ha archivado el martes las diligencias abiertas por la anulación de sanciones impuestas a varias empresas tras la dana del 29 de octubre de 2024, un caso que el Ministerio de Trabajo había calificado de «injustificado y eventualmente delictivo».
El cierre definitivo del procedimiento, tras revisar los expedientes de la Inspección de Trabajo, descarta indicios de responsabilidad penal en la decisión de la Generalitat Valenciana. Entre las empresas afectadas figuran UTE Conservación Valenciana, la radiotelevisión pública À Punt, Baxter SL y Plastic 7A SL, investigadas por no adoptar medidas de seguridad durante la emergencia, en la que murió un operario.
El caso surgió tras una denuncia de la propia Inspección de Trabajo, que alertó sobre actas que documentaban riesgos graves. El Ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, había instado en marzo a la Fiscalía a investigar una posible prevaricación administrativa, pero la Fiscalía no ha apreciado indicios de responsabilidad penal.
La decisión se produce después de que el Gobierno central calificara la anulación de las sanciones como ‘arbitraria’. La Fiscalía no ha encontrado indicios de delito en la actuación de la Autoridad Laboral autonómica, cerrando así el proceso.
Para completar la investigación, la Fiscalía solicitó a la Secretaría de Estado de Trabajo la entrega de los expedientes sancionadores que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valencia había impuesto a las compañías. Los documentos revelaron que las multas se basaban en la falta de medidas preventivas durante la emergencia meteorológica, y que la anulación se produjo sin justificación documental, según la Fiscalía.
