El Consejo de Administración respalda la modificación con el único voto en contra de Vox y revierte el cambio de mayo por ‘violencia doméstica’
Rafaela Romero, concejala del PSOE en Valladolid y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ha anunciado este viernes que el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal de Vivienda y Suelo de Valladolid (VIVA) ha aprobado, con el voto en contra de Vox, recuperar el término ‘violencia de género’ en el protocolo de acceso a la vivienda municipal. La decisión, adoptada por unanimidad menos el representante de Vox, revierte el cambio realizado en mayo, cuando el término fue sustituido por ‘violencia doméstica’.
La sesión, iniciada a las 13:00 horas, incluyó un informe jurídico del secretario general del Ayuntamiento que recomendaba la inclusión expresa de las víctimas de violencia de género entre los criterios de prioridad para acceder al alquiler municipal. Según fuentes del PSOE, el Grupo Municipal Socialista presentó enmiendas para mejorar la propuesta, pero no fueron debatidas al alegar Irene Carvajal, portavoz de Vox en el Ayuntamiento, un defecto formal por presentarse fuera de plazo.
El protocolo, que ahora recupera el término ‘violencia de género’, regula los criterios de acceso a las viviendas de alquiler gestionadas por VIVA. Esta decisión llega en un contexto en el que el debate sobre la terminología y las políticas de protección a las víctimas de violencia de género sigue siendo un tema de división política en España.
El cambio de mayo 2026 sustituyó ‘violencia de género’ por ‘violencia doméstica’
El cambio realizado en mayo de 2026, que sustituyó ‘violencia de género’ por ‘violencia doméstica’, generó controversia en el ámbito social y político. Según declaraciones de fuentes del PSOE, la modificación respondía a una reinterpretación de los criterios legales para evitar solapamientos con otras categorías protegidas. Sin embargo, la decisión fue criticada por asociaciones feministas y partidos de izquierda, que argumentaron que el término ‘violencia de género’ era más preciso y alineado con la legislación estatal.
La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género define este concepto como ‘aquella ejercida desde la desigualdad’, diferenciándola de la violencia doméstica, que puede ocurrir en cualquier relación familiar o de convivencia. Este marco legal ha sido clave en la protección de las víctimas y en la asignación de recursos públicos, como los destinados a viviendas protegidas.
La recuperación polariza: PSOE y progresistas defienden, Vox rechaza
Mientras el PSOE y otras fuerzas progresistas defienden su uso por considerarlo más preciso y alineado con la legislación estatal, Vox ha mostrado en reiteradas ocasiones su rechazo a la terminología de género, argumentando que no existe una diferencia sustancial entre violencia de género y violencia doméstica.
En los últimos meses, varios ayuntamientos y comunidades autónomas han revisado sus protocolos de protección a las víctimas, generando tensiones entre partidos y colectivos sociales.
La decisión afecta a las víctimas de violencia de género en Valladolid. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2025, Castilla y León registró 1.245 denuncias por violencia de género, con Valladolid como una de las provincias con mayor número de casos. La inclusión del término en el protocolo de VIVA establece la prioridad de acceso a viviendas protegidas para estas mujeres.
La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Irene Carvajal, no ha hecho declaraciones públicas tras la votación, pero en el pasado ha criticado lo que considera ‘ideologización’ en las políticas de vivienda y violencia doméstica. Su voto en contra refleja la posición de Vox en el Consejo de Administración de VIVA.
El Ayuntamiento de Valladolid, dirigido por el alcalde Javier León (PSOE), ha evitado pronunciarse públicamente sobre el contenido del protocolo hasta la finalización de la sesión del Consejo. Sin embargo, fuentes cercanas al equipo de Gobierno han confirmado que la decisión responde a una demanda social y a la necesidad de alinear los criterios municipales con la legislación estatal.
Esta medida también podría tener repercusiones en otras ciudades españolas, donde el debate sobre la terminología y las políticas de protección a las víctimas sigue abierto. En ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, los ayuntamientos han mantenido el término ‘violencia de género’ en sus protocolos, mientras que en otras, como Murcia o Alicante, se ha optado por fórmulas más genéricas como ‘violencia doméstica’.
El próximo paso será la publicación del nuevo protocolo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Valladolid, un trámite administrativo que podría completarse en las próximas semanas. Una vez en vigor, las víctimas de violencia de género tendrán prioridad en el acceso a las viviendas municipales, siempre que cumplan los demás requisitos establecidos.
