El magistrado admite su personación como acusación particular y rechaza el resto de diligencias solicitadas por la instructora del caso de David Sánchez
Santiago Pedraz, juez de la Audiencia Nacional, ha admitido la personación de Beatriz Viedma, jueza de Badajoz, como acusación particular en la investigación del ‘caso Leire’. La magistrada, que condenó a David Sánchez —hermano del presidente del Gobierno— a 9 años de inhabilitación, será citada a declarar el 8 de octubre como perjudicada por presuntos delitos de calumnia en una trama que buscaba desestabilizar causas judiciales contra el Gobierno y el PSOE.
Viedma alega que la presunta organización criminal investigada —liderada por la exmilitante socialista Leire Díez— mantuvo contactos con un clan narcotraficante de Badajoz para actuar contra ella. Entre sus alegaciones figura la promoción de su recusación en el procedimiento que instruía y la anotación ‘Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína o gitano’, cuya investigación específica Pedraz ha rechazado. La Fiscalía sostiene que la UCO no pudo comprobar la trascendencia de esas anotaciones sin otros datos que les doten de relevancia.
Pedraz rechaza investigar las anotaciones de Leire Díez
El juez rechaza todas las diligencias solicitadas por Biedma, excepto su declaración como perjudicada. La magistrada vincula su situación a su condición de instructora de la causa en la que David Sánchez acabó condenado a 9 años de inhabilitación para empleo público. La trama investigada podría revelar conexiones entre corrupción, narcotráfico y manipulación judicial, un escenario que ya ha salpicado a otros casos históricos como el procés, el 11-M o la Gürtel.
La personación de Biedma como acusación particular añade un nuevo actor al proceso. La declaración del 8 de octubre se produce después de que el juez haya rechazado investigar específicamente las anotaciones controvertidas.
Declaración como perjudicada el 8 de octubre
La petición de Biedma de ser considerada perjudicada se basa en la supuesta intención del grupo investigado de “neutralizar, perturbar o incluso destruir” el procedimiento judicial que ella instruía sobre David Sánchez. Pedraz ha señalado que, según la denuncia, no se demuestra que la jueza fuera objeto directo de amenazas o coacciones durante su instrucción, lo que limita la posibilidad de ampliar la investigación más allá de la declaración solicitada.
