La prórroga del tipo del 1,1% en el IRPF para viviendas vacías afecta a 2,36 millones de declaraciones y resta 154 millones de recaudación
El Gobierno de España ha cifrado en algo más de 1.600 millones de euros el coste para las arcas públicas de los dos decretos ley de vivienda que se votarán el viernes en el Congreso. El gasto se asocia al decreto que incluye bonificaciones fiscales, la protección frente a desahucios o la prohibición de compra a fondos ‘buitre’, según las memorias económicas de los textos. El segundo decreto, que obliga a los caseros a pagar una indemnización de doce meses a los inquilinos si rompen el contrato, no genera gasto público porque no afecta a tributos ni crea órganos nuevos ni dotaciones específicas.
El impacto fiscal se concentra en las modificaciones del IRPF y el IVA para paliar la crisis de precios del alquiler. La prórroga del tipo del 1,1% en el IRPF para viviendas vacías afecta a unas 2,36 millones de declaraciones y supone una merma de recaudación de 154 millones de euros. La deducción del 10% para inquilinos de vivienda habitual, para contribuyentes con base imponible inferior a 33.007,20 euros, beneficiará a unas 945.000 personas y costará 835 millones. La deducción del 60% por rehabilitación energética o contratos anteriores a la Ley de Vivienda de 2023 se cifra en 370 millones.
Recargos en el IBI para la vivienda vacía sin coste detallado
El decreto también introduce recargos en el IBI para la vivienda vacía, aunque Hacienda no detalla el coste porque depende de los presupuestos locales y de que el inmueble esté en una zona tensionada declarada oficialmente. Las reducciones del IRPF para propietarios que alquilen a precio reducido, con bonificaciones de hasta el 100% si se baja el precio un 5%, tampoco tienen coste concreto detallado: el Ejecutivo alega que dependerá de la distribución efectiva de los contratos.
En el IVA, gravar con un 10% a los pisos turísticos supondrá un ingreso de 170 millones al año y 14 millones para el mes de diciembre, cuando entraría en vigor si se convalida el texto. La subida del gravamen sobre los beneficios de la Socimi del 15% al 25% incrementará la recaudación en 1,2 millones, aunque las deducciones fiscales de estas sociedades alcanzan los 3 millones.
El coste de las administraciones arrendadoras, no cuantificable
Las aportaciones de inmuebles del Patrimonio del Estado y de otras entidades públicas a CASA 47 presentan principalmente un efecto patrimonial, aunque pueden producir consecuencias presupuestarias que no se especifican. El eventual coste derivado de la condición de arrendadoras de las administraciones «no es cuantificable», según la memoria.
