El Sindicato de Inquilinas de Madrid amplía su movilización más allá de la vivienda, mientras la Comunidad de Madrid ilumina su sede con la bandera de Ceuta en señal de apoyo
La acampada en la Puerta del Sol de Madrid superó las 500 tiendas de campaña esta madrugada, consolidándose como el mayor movimiento social contra la vivienda en la capital desde 2023, y anunció su intención de extender las protestas a una huelga general este fin de semana. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, impulsor de la iniciativa, organizó un acto público durante la noche del miércoles para sumar otras reivindicaciones sociales al reclamo por el alquiler, como transporte público gratuito y salarios dignos.
La movilización, que ya lleva cinco noches consecutivas, ha crecido hasta contar con centenares de tiendas, según testigos. Los acampados, que se dispersaron en grupos tras el acto, mantienen un tono festivo, aunque la tensión aumentó el martes por la amenaza de grupos de ultraderecha. Mientras, la sede de la Comunidad de Madrid, en la misma plaza, se iluminó con la bandera de Ceuta en señal de apoyo a la ciudad autónoma, en un gesto que contrastó con las proyecciones de los acampados, que mostraron a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con el lema «Ayuso y Almeida, iros a la mierda».
El Sindicato de Inquilinas ya ha convocado manifestaciones estatales para este fin de semana, vinculadas a la huelga general, y ha publicado una programación detallada en redes sociales. Su objetivo es convertir la protesta en un movimiento más amplio, incorporando otras luchas sindicales. La acampada, que comenzó el pasado lunes, ha logrado mantenerse pese a la presión institucional y policial, aunque aún no ha recibido respuesta concreta de las administraciones.
El contexto político es clave: la movilización coincide con el debate sobre el nuevo Plan Estatal de Vivienda, que el Gobierno central lleva meses negociando con partidos autonómicos y ayuntamientos. Mientras, la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, ha sido criticada por su gestión de la vivienda asequible, con un parque público reducido y precios en alza. La acampada, por ahora, no ha recibido apoyo explícito de ningún partido, aunque sindicatos como CCOO y UGT han mostrado su solidaridad con las reivindicaciones.
