La Constitución exige los PGE en el Congreso antes del 1 de octubre; Sánchez repite el retraso anual desde 2016
Pedro Sánchez no ha presentado los presupuestos generales del Estado (PGE) antes del 1 de octubre de 2026, incumpliendo el artículo 134.3 de la Constitución, que obliga al Gobierno a registrar el texto en el Congreso al menos tres meses antes de que finalice el ejercicio anterior. Es la décima vez consecutiva que el Ejecutivo de coalición —formado por PSOE y Sumar— incumple este plazo, una práctica que se repite desde 2016, cuando el gobierno de Mariano Rajoy (PP) también lo retrasó por primera vez.
El texto constitucional establece que los PGE deben entrar en el registro parlamentario antes del 1 de octubre para garantizar su tramitación y aprobación antes de que finalice el año fiscal. Sin embargo, el Gobierno ha optado por esperar hasta el último momento, lo que obliga a aprobar los presupuestos con carácter provisional hasta que se aprueben definitivamente. Esta situación genera inestabilidad presupuestaria y dificulta la planificación económica para el año siguiente.
El retraso no es un hecho aislado, sino una constante en la gestión económica del Gobierno actual. Desde 2016, ningún Ejecutivo ha cumplido con el plazo constitucional, lo que ha convertido este incumplimiento en un patrón recurrente en la política presupuestaria española. En 2025, por ejemplo, los PGE se presentaron el 28 de septiembre, solo tres días antes del límite constitucional.
El marco legal: ¿por qué el 1 de octubre es clave?
El artículo 134.3 de la Constitución Española establece que los PGE deben ser presentados «al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Esto significa que, para el ejercicio 2027, el texto debía estar en el Congreso antes del 1 de octubre de 2026. El incumplimiento de este plazo no solo afecta a la legalidad, sino también a la estabilidad económica, ya que los presupuestos provisionales limitan la capacidad de gasto y planificación de las administraciones públicas.
Además, el retraso en la presentación de los PGE puede tener consecuencias políticas. La oposición, especialmente el Partido Popular (PP) y Vox, suele criticar estos retrasos como un síntoma de falta de rigor en la gestión económica. En declaraciones previas, el PP ha acusado al Gobierno de «desorganización» y ha exigido que se cumplan los plazos constitucionales para evitar «la inestabilidad que esto genera en las familias y las empresas».
El Gobierno debe presentar los PGE urgentemente o aprobar provisionales
Con el plazo constitucional ya superado, el Gobierno tiene dos opciones: presentar los PGE de forma urgente para intentar aprobarlos antes de que finalice el año, o aprobar presupuestos provisionales hasta que se apruebe el texto definitivo. En años anteriores, el Ejecutivo ha optado por la segunda opción, lo que ha prolongado la incertidumbre hasta bien entrado el año siguiente.
El Congreso de los Diputados tiene ahora la responsabilidad de exigir al Gobierno que cumpla con sus obligaciones constitucionales. Si los PGE no se presentan en un plazo razonable, podría activarse un procedimiento de control parlamentario para investigar las razones del retraso y, en su caso, sancionar al Ejecutivo por incumplimiento.
Mientras tanto, la ciudadanía y los agentes económicos —empresas, sindicatos y administraciones autonómicas— ven cómo se repite un año más la falta de claridad en la planificación presupuestaria, un factor que puede afectar a la inversión y al crecimiento económico.
