El Gobierno cierra el plan con 148 hitos cumplidos, pero la Comisión tiene hasta diciembre para desembolsar los fondos netos de 18.711 millones
El Gobierno de España ha presentado ante la Comisión Europea la última solicitud del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), por un total de 25.861 millones de euros, la cantidad más elevada reclamada por un Estado miembro en la historia del fondo. El Ministerio de Economía destaca que se trata del 30% del total de los fondos asignados a España, con 148 hitos y objetivos cumplidos —el mayor número de logros asociados a una única solicitud—. De este importe, 21.463 millones son transferencias, de los que 18.711 millones llegarán en términos netos tras descontar la prefinanciación inicial. Los restantes 4.398 millones corresponden a préstamos, con un saldo neto de 4.166 millones.
La solicitud se ha realizado dentro del plazo límite, que vencía el 30 de septiembre, y tras la conclusión oficial del plan el 31 de agosto, fecha tope para alcanzar todos los hitos. La Comisión Europea dispone ahora hasta el 31 de diciembre para efectuar el desembolso correspondiente.
Entre los logros vinculados a este pago, Economía destaca el avance en vivienda social: se han iniciado las obras de 23.000 viviendas de alquiler asequible, de las que 16.000 ya están finalizadas, y se ha formalizado una línea ICO de 568 millones de euros para financiar 4.675 viviendas adicionales. En materia de rehabilitación energética, se han emitido 53.375 certificados de eficiencia, con una reducción media del 30% en el consumo de energía primaria no renovable.
La solicitud cierra el ciclo del PRTR para España, que ha movilizado un total de 80.000 millones de euros en fondos europeos desde 2021. Sin embargo, el proceso no está exento de incertidumbre: la Comisión Europea ha ampliado sus plazos de revisión en los últimos meses, lo que podría retrasar los desembolsos más allá de la fecha límite de diciembre.
España recibió 140.000 millones del PRTR
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) es el instrumento financiero más ambicioso de la UE para impulsar la recuperación económica post-COVID, con un presupuesto total de 723.800 millones de euros para todos los Estados miembros. España recibió 140.000 millones, de los que 70.000 millones eran subvenciones directas y 70.000 millones préstamos. Cada solicitud de pago está condicionada al cumplimiento de hitos específicos, evaluados por la Comisión Europea antes de autorizar los fondos.
Este séptimo pago cierra el plan para España, pero su impacto no será inmediato: los fondos netos (18.711 millones) se distribuirán en los próximos meses según las prioridades del Gobierno. Además, el PRTR ha servido como palanca para impulsar reformas estructurales, como la ley de vivienda o el plan de rehabilitación energética, que ahora dependen de su financiación para continuar.
Las implicaciones: qué se juega el Gobierno y qué sigue ahora
Para el Gobierno de Pedro Sánchez, este pago es una vitrina de resultados en un contexto de creciente presión fiscal y recortes en otras áreas. Sin embargo, la dependencia de los fondos europeos también plantea riesgos: cualquier retraso en los desembolsos podría afectar a proyectos clave, como las 23.000 viviendas sociales o las obras de rehabilitación, cuya ejecución depende en parte de estos recursos. Además, la oposición —especialmente el PP y Vox— podría usar los plazos de la Comisión para criticar la gestión del plan, acusando al Gobierno de no haber priorizado correctamente los fondos.
La Comisión Europea, por su parte, enfrenta el desafío de certificar estos pagos en un plazo ajustado. En los últimos meses, Bruselas ha ampliado los plazos de revisión para otros Estados miembros, lo que podría indicar una mayor exigencia en la verificación de los hitos. Si los fondos no llegan a tiempo, el Gobierno debería buscar alternativas de financiación para evitar paralizar proyectos en curso.
El cierre del PRTR no significa el fin de la relación con Bruselas: España sigue pendiente de otros fondos europeos, como los del Fondo de Cohesión o los relacionados con la transición ecológica, que podrían compensar parcialmente cualquier retraso en estos pagos.
