Robles encarga investigación interna mientras Sumar y ERC exigen denuncia pública del Gobierno
El Ministerio de Defensa ha remitido este miércoles 30 de septiembre a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta el informe de Amnistía Internacional que documenta torturas y tratos crueles a migrantes por parte de militares en la ciudad autónoma. El departamento que dirige Margarita Robles ha ordenado además una investigación interna para identificar responsabilidades individuales.
La decisión llega tras semanas de presión parlamentaria y denuncias de organizaciones de derechos humanos. El informe de Amnistía, basado en testimonios de migrantes, detalla supuestos malos tratos durante las operaciones de control fronterizo. Según la organización, estos hechos vulneran el derecho internacional y las normas del Ejército español.
Félix Alonso Cantorné, diputado de Sumar, ha celebrado el paso dado por Defensa, aunque ha criticado que «eso no es defender Ceuta, es la ley del ojo por ojo». Por su parte, Francesc Marc Álvaro, portavoz de ERC en la Comisión de Defensa del Congreso, ha destacado la «valentía» de Robles y ha instado al PSOE a sumarse a la denuncia. «Si esto ocurriera en otro país, saldrían a denunciarlo», ha señalado, comparando la situación con casos similares en Estados Unidos.
El contexto es clave: Ceuta sigue en estado de alerta tras la crisis migratoria del 30 de julio, cuando miles de personas intentaron entrar irregularmente a la ciudad. El Gobierno ya enfrenta críticas por su gestión, especialmente por los avisos previos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre la llegada masiva, que algunos sectores políticos consideran un fallo de coordinación. Ahora, la remisión del informe a Justicia abre una nueva fase: si se confirman los hechos, podrían derivarse sanciones disciplinarias o incluso penales contra los militares implicados.
Lo que está en juego es doble: por un lado, la credibilidad del Ejército en su labor de control fronterizo; por otro, la imagen del Gobierno ante la opinión pública, especialmente en un momento en que la gestión de la migración se ha convertido en un tema clave en el debate político. La investigación interna de Defensa y el proceso judicial que se inicie podrían aclarar si se trata de casos aislados o de un patrón sistemático.
