Un juzgado de Tarragona analiza su patrimonio tras denuncia de Ucrania; la Guardia Civil halla 800.000 euros en criptomonedas y una pistola Glock 19 en su domicilio
Anatolii Sharia y Olga Bondarenko, dos periodistas ucranianos críticos con el Gobierno de Volodímir Zelenski y refugiados en España desde 2016, son investigados en un juzgado de El Vendrell (Tarragona) por presuntos delitos fiscales, blanqueo de capitales y falsedad documental. La causa, abierta en 2024 y mantenida en secreto hasta junio de 2026, surgió a petición de Ucrania y analiza un patrimonio que incluye 800.000 euros en criptomonedas, joyas valoradas en 400.000 euros y una pistola Gluck 19 incautada en su domicilio.
El origen de la investigación es una solicitud de cooperación internacional de la Oficina Estatal de Investigaciones de Ucrania, vinculada a la presidencia del país. Sharia denuncia que se trata de una «táctica» recurrente del régimen para silenciar a opositores, aunque la causa en España involucra a la Guardia Civil, la Fiscalía Provincial de Tarragona y la Agencia Tributaria. Los peritos de Hacienda estiman que defraudaron 538.521 euros entre 2018 y 2022, aunque los investigadores también señalan «fuentes de ingresos adicionales» vinculadas a activos en Lituania, Rusia y Luxemburgo, así como pagos desde Kazajistán y plataformas online.
La investigación incluye seguimientos a la pareja y un registro en su domicilio en junio de 2026, donde se hallaron además obras de arte, relojes de lujo y un vehículo Porsche Cayenne. La Guardia Civil detectó una «operativa de descapitalización»: vendieron su vivienda en Tarragona y transformaron el dinero en joyas y metales preciosos para «eludir responsabilidades económicas». El sumario sugiere que podrían estar vinculados a «actividades ilícitas» por su crítica al Gobierno ucraniano, incluso especulando con que Sharia podría ser un agente al servicio de los servicios de inteligencia rusos.
Sharia y Bondarenko, conocidos por su canal de YouTube con 3,4 millones de suscriptores donde denuncian corrupción en Ucrania, ya habían sido víctimas de ataques físicos en España, como cócteles molotov en su domicilio y un intento de asesinato en 2024. En 2022, Sharia evitó la extradición desde Lituania por acusaciones de alta traición en su país. Ahora, temen que el material incautado —incluidos sus dispositivos electrónicos— pueda caer en manos del Gobierno ucraniano y comprometer sus fuentes periodísticas.
La causa, que podría derivar en una multa de hasta 10,7 millones de euros, refleja la tensión entre la justicia española y las presiones políticas. Mientras la Fiscalía y la Guardia Civil actúan bajo secreto de sumario, los periodistas insisten en que se trata de una «persecución disfrazada», similar a la que sufrieron en Ucrania.
