La diputada del PP tendrá 10 días para alegar antes de que la Mesa decida sanciones, que podrían incluir suspensión
Ana Vázquez, diputada del Partido Popular, se convertirá en la primera legisladora sancionada por el Congreso por portar un arma en el hemiciclo tras exhibir un bote de gas pimienta durante un Pleno. La Mesa de la cámara ha decidido hoy abrirle un expediente sancionador tras considerar que el spray, aunque legal como producto de autodefensa, incumple el reglamento interno al prohibirse la tenencia de armas en el Salón de Plenos.
El órgano de gobierno de la cámara basa su decisión en un informe jurídico que subraya la ausencia de precedentes en la historia parlamentaria española. Vázquez tendrá 10 días para presentar alegaciones antes de que la Mesa evalúe medidas disciplinarias, que podrían incluir su suspensión temporal. En caso de sanción, el Pleno del Congreso votaría la decisión en sesión a puerta cerrada, sin participación de la diputada afectada.
La medida refleja un endurecimiento en el control de seguridad parlamentaria, donde hasta ahora no existían registros de incidentes similares. El reglamento del Congreso prohíbe expresamente la entrada de armas, incluso las de autodefensa, en el hemiciclo, una norma que ahora se aplicará por primera vez con consecuencias directas para una diputada.
El caso llega en un contexto de creciente tensión en el Congreso, donde los incidentes entre grupos parlamentarios han aumentado en los últimos meses. Mientras, la Mesa deberá equilibrar la proporcionalidad de la sanción con el derecho de Vázquez a defenderse, un proceso que podría sentar un precedente para futuros casos.
Los servicios jurídicos han señalado que, en caso de que la Mesa termine proponiendo una suspensión de la diputada, deberá tener en cuenta la “proporcionalidad y la necesidad de motivación” de la medida, tal como exige el reglamento interno del Congreso. Esta exigencia implica que la suspensión solo se aplicaría si la conducta se considera grave y que la decisión debe ir acompañada de una justificación detallada que explique la relación entre la infracción y la sanción propuesta.
Asimismo, la normativa interna establece que la diputada afectada no podrá participar en la votación que decida la sanción, garantizando así la imparcialidad del proceso y evitando cualquier conflicto de intereses durante la deliberación del Pleno.
