La CNMC advierte de que la medida, en tramitación final, carece de respaldo empírico y podría impulsar el mercado ilegal
El Ministerio de Sanidad avanza con un proyecto de real decreto que prohibirá los sabores distintos al tabaco en los cigarrillos electrónicos, una medida que, según un informe de Analistas Financieros Internacionales (AFI), destruiría 3.800 empleos equivalentes a jornada completa y reduciría el valor añadido bruto del sector en 263 millones de euros anuales —un 83% menos que los 317 millones que generó en 2023.
El texto, que modifica el Real Decreto 579/2017 y se encuentra en el Consejo de Estado —último trámite antes de su posible aprobación en Consejo de Ministros—, también limitaría la nicotina en bolsas y afectaría a productos de hierbas calentadas. La CNMC ya alertó en febrero de 2025 de que las restricciones no cumplen con principios de necesidad y proporcionalidad, al no aportar evidencia científica sólida para justificar la prohibición de aromas, que el 87% de los usuarios consume según una encuesta de 2022 citada por AFI.
Cataluña, con el 80% de la producción nacional de líquidos para vapeadores, sería la comunidad más afectada. El informe advierte de que la medida podría favorecer el mercado ilegal y hacer que usuarios regresen al tabaco convencional, ya que el 54% de los encuestados aseguró que seguiría usando sabores aunque dejaran de estar disponibles legalmente.
El proyecto, notificado a la Comisión Europea en enero de 2025, ya generó seis dictámenes razonados de otros Estados miembros —entre ellos Italia y Suecia—, lo que alargó su tramitación hasta julio de 2025. Mientras, la consultora estima que, de aplicarse, el impacto acumulado hasta 2030 superaría los 550 millones de euros y 8.000 empleos perdidos.
En su informe, la CNMC solicitó que las limitaciones sobre sabores, aromas, etiquetado genérico y el límite de nicotina en las bolsas de nicotina se fundamenten en principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, y que cuenten con respaldo en una norma con rango de ley, además de exigir evidencia empírica que justifique cada medida.
