El tercer decreto energético incluye ayudas directas a transportistas, agricultores y cláusulas de salvaguarda para electricidad y gas
El Gobierno ha aprobado este 30 de septiembre un tercer Real Decreto para frenar la escalada de precios de la energía, con medidas que afectan directamente a hogares, empresas y sectores estratégicos como el transporte y la agricultura.
La medida estrella limita al 15% la subida de la Tarifa de Último Recurso (TUR) del gas en octubre —frente al 45% que se produciría sin intervención—, y fija un precio máximo de 19,55 euros para la bombona de butano hasta junio de 2027. Además, los conductores verán una rebaja de 20 céntimos por litro en gasolina y diésel durante octubre, reduciéndose a 13 céntimos en noviembre y 6 céntimos en diciembre. El decreto incluye una cláusula de salvaguarda que activará hasta 20 céntimos extra de bonificación si la inflación de los carburantes supera el 15%.
El paquete también amplía ayudas a sectores clave: 15.000 euros por locomotora diésel para el transporte ferroviario, devoluciones fiscales progresivas (de 5 a 19 céntimos por litro) para transportistas por carretera, y bonificaciones del 20% en gasóleo para agricultores hasta fin de año. El Gobierno duplica las multas en el sector de hidrocarburos y exige 21 días de reservas de gas licuado (GNL) para afrontar el invierno, aunque con flexibilidad en su cumplimiento.
En electricidad, el decreto activa una rebaja fiscal automática si la inflación supera el 15%: el IVA bajaría del 21% al 10% y el Impuesto Especial sobre la Electricidad, del 5,1% al 0,5%, aplicable a consumidores con menos de 10 kW y beneficiarios del bono social. Estas medidas se suman a las ya vigentes desde marzo, como el 42,5% de descuento en el bono social eléctrico para vulnerables y la prohibición de cortes de suministro a hogares en riesgo.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) analizará si estas ayudas se traducen en precios finales más bajos, mientras el Ejecutivo prohíbe despidos en empresas beneficiarias de ayudas vinculadas a la crisis energética. Las medidas, vigentes hasta diciembre de 2026, buscan amortiguar el impacto de la guerra en Irán, que ha disparado los costes de la energía.
