La ley, impulsada por Maduro en 2017, ha servido para encarcelar a disidentes, periodistas y ciudadanos por memes o mensajes contra el Gobierno; expertos exigen su derogación total
Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela, anunció este martes 29 de septiembre la reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada en 2017 bajo su impulso cuando presidía la Asamblea Constituyente. El objetivo declarado es despenalizar tipos penales y corregir «desviaciones» en su aplicación, aunque la medida se limita a una reforma parcial y no a su derogación total.
La ley, presentada inicialmente como un instrumento contra el «odio» y la intolerancia, ha sido utilizada históricamente para perseguir a opositores, periodistas y ciudadanos comunes por publicaciones en redes sociales, memes o críticas al Gobierno. Entre los casos más conocidos destacan el encarcelamiento de la tiktoker Olga Mata, condenada a 72 años por una sátira contra el régimen, o el de los bomberos de Mérida, sancionados por comparar al presidente Nicolás Maduro con un burro en un mensaje de WhatsApp.
La reforma llega en un contexto de aperturas parciales del chambismo, como la liberación selectiva de presos políticos —aunque el Foro Penal registra aún 324 detenidos bajo esta ley— y el desbloqueo limitado de medios digitales. Sin embargo, activistas como Yendri Velásquez, defensor de derechos humanos exiliado en Europa, advierten de que una despenalización parcial podría mantener herramientas de censura. «Urge revisar condenas, liberar a todos los detenidos y derogar la ley en su totalidad», declaró Velásquez a El Mundo.
La ley forma parte de un paquete legislativo represivo que incluye normas como la Ley Simón Bolívar y la Ley Contra el Fascismo, diseñadas para criminalizar la disidencia. Su aplicación ha afectado especialmente a periodistas como Darvinson Rojas, acusado por publicar datos sobre muertes durante la pandemia de covid-19, o al médico Luis Araya, sancionado por reenviar un meme de Rodríguez en su grupo de WhatsApp.
El origen de una ley usada para silenciar críticas
La ley fue aprobada en 2017 durante una Asamblea Constituyente convocada por Maduro para neutralizar protestas masivas. Rodríguez, entonces presidenta de ese órgano, la presentó con discursos sobre «amor y tolerancia», pero incluyó un artículo específico para perseguir mensajes en redes sociales «contra el Gobierno». Desde entonces, cualquier crítica —desde memes hasta fotos de magnates chapistas como Alex Saab— ha sido considerada un delito.
El internacionalista Mariano de Alba señala que la reforma actual es un «paso en la dirección correcta», pero insuficiente. «Debería considerarse la derogación íntegra, ya que una despenalización parcial podría dejar vigentes sanciones administrativas», advirtió. Expertos coinciden en que el proceso de apertura política en Venezuela sigue siendo parcial y condicionado por intereses del régimen.
La reforma dependerá de limitar sanciones o eliminar tipos penales
La Asamblea Nacional debe tramitar la reforma, pero su alcance real dependerá de si se limitan las sanciones administrativas o se eliminan los tipos penales. Mientras, el Foro Penal documenta que 324 presos políticos —incluyendo cuatro hispanovenezolanos— siguen encarcelados bajo esta ley. Activistas exigen no solo su derogación, sino también la revisión de todos los casos judiciales derivados de su aplicación.
El anuncio de Rodríguez llega en un momento de tensiones internacionales por los derechos humanos en Venezuela, con la Unión Europea y Estados Unidos observando de cerca cualquier avance en libertades civiles. Sin embargo, las aperturas previas —como el regreso de algunos exilados o la liberación de presos selectivos— han sido calificadas como «estrategias para alargar plazos» por defensores de derechos humanos.
Además, la ley ha sido utilizada para encarcelar a los dirigentes estudiantiles Johan Lobo y Michael Labrador, quienes fueron detenidos por criticar el pésimo transporte universitario. Su caso, junto con el de Olga Mata, ha generado protestas en varias universidades, donde estudiantes exigen la revisión de las sentencias y la eliminación de la ley que los condenó.
