El Ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, ajusta el protocolo tras protestas y un informe jurídico que exige priorizar a víctimas de violencia de género
El Ayuntamiento de Valladolid, gobernado por el Partido Popular y Vox, modificará el viernes su protocolo de acceso a la vivienda de alquiler municipal para diferenciar la puntuación entre víctimas de violencia de género y violencia doméstica. Según el documento aprobado, las primeras obtendrán 1,5 puntos frente al 1 de las segundas, tras un informe jurídico que determinó que la redacción anterior no cumplía la normativa vigente.
El cambio responde a la polémica generada cuando el equipo de gobierno sustituyó el término «violencia de género» por «violencia doméstica» en los criterios de adjudicación. La medida había provocado rechazo social, una protesta convocada para el domingo 4 de octubre y el estudio de su legalidad por el Ministerio de Igualdad.
El concejal de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zar andona, defendió los ajustes al protocolo, aunque aclaró que el Ayuntamiento «tiene absolutamente claro que la violencia de género debe ser protegida». El informe jurídico, elaborado por la Secretaría municipal, subrayó que las víctimas de violencia de género deben tener prioridad en el acceso a viviendas públicas según la ley actual.
La Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) gestionará el nuevo baremo, que mantiene la distinción, pero corrige la puntuación para alinearse con la normativa. El alcalde, Jesús Julio Carnero, anunció en el último pleno que pediría este informe tras las críticas de colectivos feministas y el Ministerio de Igualdad.
El protocolo se votará el viernes en la reunión de VIVA, donde se aplicará a las viviendas «blancas» —aquellas sin subvención directa—, aunque el Ayuntamiento insiste en que no son soluciones urgentes para casos de violencia de género, sino para perfiles con recursos económicos limitados.
El informe de la Secretaría municipal destaca que la prioridad debe quedar claramente establecida en la puntuación, de modo que las mujeres víctimas de violencia de género obtengan un beneficio adicional que refleje la gravedad de su situación y la necesidad de protección inmediata.
Tras la votación, el protocolo quedará en vigor y se aplicará a las nuevas adjudicaciones de viviendas públicas, con la expectativa de que la distinción entre violencia de género y doméstica mejore la respuesta del Ayuntamiento a las necesidades de las víctimas.
