La Consejería de Justicia andaluza, dirigida por el partido, solicita cifras oficiales al Gobierno para dimensionar servicios a víctimas
La Consejería de Justicia de Andalucía, dirigida por el partido Vox, ha solicitado al Gobierno de España información detallada sobre los delitos contra la libertad sexual cometidos en la región. La petición, formalizada mediante carta, busca «una adecuada planificación y dimensionamiento de los recursos públicos» destinados a la atención integral de las víctimas.
La solicitud, liderada por Ana Redondo García —consejera de Justicia en la Junta de Andalucía—, se enmarca en un contexto donde la gestión autonómica de políticas contra la violencia de género ha sido objeto de tensiones políticas. Andalucía, gobernada en coalición por el PP y Vox, asume competencias en materia de justicia y protección a víctimas, aunque el Estado central mantiene la titularidad de datos estadísticos sobre delitos de este tipo.
La petición de Vox llega en un momento en que el debate sobre la violencia sexual y su atención institucional sigue abierto. Según datos del Ministerio del Interior de 2025, Andalucía registró 1.245 denuncias por delitos contra la libertad sexual en 2024, un 8% más que el año anterior. Sin embargo, la consejería andaluza no ha hecho pública ninguna cifra concreta sobre recursos actuales dedicados a víctimas, lo que dificulta evaluar el impacto real de esta solicitud.
El Gobierno central, que gestiona estadísticas penales a través del Ministerio del Interior, aún no ha respondido formalmente a la carta. La solicitud de Vox podría activar un debate sobre la descentralización de datos sensibles, un tema recurrente en el ámbito autonómico, donde partidos como el PP y Vox suelen defender mayor autonomía en políticas de seguridad, mientras el PSOE y Podemos insisten en la necesidad de un marco estatal unificado.
La Consejería de Justicia andaluza, dirigida por Ana Redondo García, ha reiterado en otras ocasiones su compromiso con políticas de «protección real» para víctimas, aunque sus propuestas suelen chocar con las líneas rojas de la izquierda parlamentaria en temas como la educación afectivo-sexual o las campañas de prevención.
