El juez exige bloquear fondos en 14 empresas y analizar flujos opacos vinculados a Víctor de Aldama y Villafuel
El juez Santiago Pedraz ha ordenado expedir órdenes europeas de investigación a Portugal e Irlanda para rastrear cuentas y operaciones vinculadas al comisionista Víctor de Aldama en una trama que defraudaría al menos 182,5 millones de euros en hidrocarburos. Las órdenes, detalladas en un auto al que ha tenido acceso EFE, buscan información sobre flujos opacos y extractos de la empresa portuguesa E.F. Iber Combustibles, fundada por Claudio Rivas y administrada por Pedro Antonio Marín Alba —también director de Villa fuel—.
La investigación, que ya había identificado movimientos de 78,3 millones de euros desde cuentas españolas ligadas a Villa fuel hacia empresas portuguesas, ahora amplía su alcance a Irlanda tras detectar transferencias de 213.663 euros desde una cuenta lusa a la plataforma de criptomonedas Kraken. También se analizarán salidas de más de 500.000 euros hacia una firma en Hong Kong, vinculadas a operaciones de deslocalización de fondos.
El juez ya había solicitado en 2024 el bloqueo de fondos en Portugal, pero las autoridades lusas no informaron sobre su ejecución. Ahora, la UCO de la Guardia Civil reclama volver a requerir el bloqueo de cuentas de 14 empresas, tres de ellas administradas por Aldama. Según el informe fiscal, Portugal ha aportado datos que permiten rastrear la entrada de 56,5 millones de euros en la trama.
Villa fuel, implicada en la operativa, ha anunciado que aportará la contabilidad de su filial portuguesa para aclarar el destino de 14 millones de euros bajo sospecha. El juez también ha requerido a dos empresas españolas vinculadas —Cacera Concejo S.L. y Armería Argalí S.A.— que entreguen contratos, justificantes bancarios y datos de las firmas lusas involucradas.
En el escrito del fiscal Luis Pastor Motta, se destaca que la UCO detectó 765.745 euros retornados a España procedentes de una cuenta portuguesa de Agarrobvio Unipersonal LDA hacia las dos firmas españolas, lo que refuerza la hipótesis de una red de deslocalización de fondos y la necesidad de una auditoría exhaustiva de las transacciones entre las entidades implicadas.
