Nolasco (Vox) advierte de resistencia total; Vaquero (PP) reclama acatar la decisión del Gobierno central
Alejandro Nolasco, líder de Vox en Aragón, ha anunciado que su partido se negará a acoger menores extranjeros no acompañados bajo la ley de reparto estatal, mientras Mar Vaquero, número dos del PP autonómico, ha recordado que la comunidad «debe cumplir la ley» aunque «se rebelen» a hacerlo.
La división interna en el Gobierno aragonés surge tras la decisión del Ejecutivo central de distribuir estos menores entre comunidades, una competencia que recae en las autonomías según el Real Decreto 162/2023 sobre protección a menores migrantes. Aragón, con una capacidad estimada en 120 plazas según datos de la Fiscalía de Menores de 2025, podría verse obligado a acoger a más de 50 menores en los próximos meses si se mantiene el ritmo actual de llegadas.
Vox ya había alertado en julio pasado de su postura radical: «No aceptaremos ni uno», declaró Nolasco en una rueda de prensa tras una reunión con ayuntamientos rurales. El PP, en cambio, ha evitado confrontaciones públicas, pero fuentes parlamentarias confirman que Vaquero presionó internamente para que el Gobierno autonómico no bloqueara la asignación, argumentando que «la ley es clara» y que Aragón ya recibió 37 menores en 2025, un 20% más que el año anterior.
El conflicto trasciende lo institucional: 18 municipios aragoneses, mayoritariamente gobernados por PP y Vox, han presentado recursos legales contra la distribución, alegando «saturación de servicios sociales». La Junta, sin embargo, no ha paralizado el proceso. El plazo para que las comunidades notifiquen su capacidad de acogida finaliza el 15 de octubre, fecha clave para saber si Aragón cumplirá o incumplirá la ley.
Lo que está en juego: el 8% del total de plazas asignadas a España (unas 1.500 en 2026), pero también el precedente autonómico. Si Aragón se niega, otras comunidades con gobiernos divididos —como Castilla-La Mancha o Murcia— podrían seguir su ejemplo, agravando la crisis de capacidad en Ceuta y Melilla, donde ya hay 4.200 menores en situación de vulnerabilidad según la ONU.
