El texto, bloqueado por los populares durante años, se vota el martes en el Senado coincidiendo con la visita de Estado de Macron
El Partido Popular ha incluido en el orden del día del pleno del Senado de este martes 28 de septiembre la aprobación definitiva del Tratado de Amistad y Cooperación entre España y Francia, un acuerdo firmado en 2023 por Pedro Sánchez y Emmanuel Macron pero paralizado por los populares durante tres años.
El texto, avalado ahora por el Tribunal Constitucional, incluye un artículo polémico que permite a un ministro francés asistir cada tres meses a las reuniones del Consejo de Ministros español, siempre en formato ‘ad hoc’ y en los márgenes de las sesiones. El PP, que bloqueó el tratado en el Senado desde su presentación inicial, ha decidido dar luz verde al texto tras recibir el respaldo unánime del TC a su constitucionalidad.
La decisión coincide con la visita de Estado de Macron a España, durante la cual se reunirá con Sánchez, Felipe VI y Letizia. El presidente francés, sin embargo, no pronunciará ningún discurso ante las Cortes Generales, algo inusual en este tipo de visitas oficiales.
El tratado, que ahora solo necesita la ratificación parlamentaria, refuerza la cooperación bilateral en áreas como seguridad, energía y migración. Su aprobación definitiva el martes dependerá de que los populares no presenten más objeciones, algo que ya han descartado al no mostrar rechazo a ningún otro aspecto del texto.
El artículo más controvertido, que permite la participación de un ministro francés en el Consejo de Ministros, fue cuestionado por el PP por considerarlo una intromisión en la soberanía nacional. Sin embargo, el Tribunal Constitucional validó su redacción tras interpretar que los encuentros se limitarán a reuniones informales y puntuales, sin participación activa en las decisiones.
Antes de la decisión del Tribunal, los ministros de exteriores de ambos países intercambiaron una serie de cartas que redujeron los encuentros a reuniones ‘ad hoc’ en los márgenes del Consejo de Ministros.
El PP, con mayoría absoluta en la Cámara Alta desde julio, utilizó su posición para paralizar la tramitación en la primera fase del proceso legislativo, lo que permitió que el tratado quedara bloqueado durante tres años.
