El tribunal da diez días a las partes para pronunciarse sobre si la sentencia del TJUE excluye a los acusados de terrorismo por violencia contra edificios en Cataluña
La Audiencia Nacional ha reabierto el jueves el proceso penal contra doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) por acciones violentas contra edificios en Cataluña durante el procés, y ha dado un plazo de diez días a la Fiscalía, las defensas y la acusación popular para que se pronuncien sobre el alcance de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UJUÉ), que avaló la aplicación de la ley de amnistía en este caso.
El tribunal, en una providencia dictada el jueves, reactiva así un procedimiento que llevaba en suspenso desde 2024, cuando planteó una cuestión prejudicial al UJUÉ para determinar si la amnistía vulneraba el derecho comunitario. La corte europea respondió en junio de 2026 confirmando que la ley no menoscaba la directiva antiterrorista, siempre que los delitos no impliquen violaciones graves de derechos humanos. Ahora, la Audiencia Nacional debe valorar si el caso de los CDR —acusados de ataques contra edificios públicos en 2017— encaja en esa excepción.
La decisión llega tras un giro inesperado: los abogados de cinco de los doce acusados presentaron un escrito el pasado mes de agosto solicitando la aplicación inmediata de la amnistía, argumentando que la Audiencia ya había reconocido en 2024 que los hechos no causaron «ningún resultado lesivo contra la vida o la integridad física o psíquica de persona alguna». La Fiscalía, que inicialmente pedía penas de entre 8 y 27 años, ya se había pronunciado a favor de la amnistía en una vista celebrada en 2024, mientras que la acusación popular —representada por la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT)— se opuso, considerando que la ley «no es aplicable» a este caso.
El plazo de diez días que ha concedido el tribunal para alegaciones marca un punto de inflexión: si las partes no aportan nuevos argumentos, la Audiencia deberá resolver en las próximas semanas si los CDR quedan amnistiados o si sus acciones —como el ataque contra la sede de la Generalitat en Barcelona en 2017— se consideran delitos de terrorismo excluidos del perdón.
El precedente del UJUÉ: amnistía sí, pero con límites
La sentencia del UJUÉ, dictada el 14 de junio de 2026, estableció que la ley de amnistía española no contradecía el derecho comunitario, pero con dos condiciones clave: primero, que los delitos amnistiados no fueran actos de terrorismo que causaran «perjuicios graves»; segundo, que no implicaran «violaciones graves de derechos humanos». En el caso de los CDR, la Audiencia Nacional ya había señalado en su auto de 2024 que los hechos investigados —como pintadas, ocupaciones y ataques contra edificios— no dejaron víctimas mortales ni daños físicos graves, pero sí generaron un debate jurídico sobre si podían considerarse «violencia terrorista» según los estándares europeos.
El UJUÉ dejó en manos del tribunal español la valoración final: si los CDR actuaron como grupo organizado con fines políticos (lo que encajaría en la definición de terrorismo de la UE), pero sin causar daños irreparables, la amnistía podría aplicarse. Sin embargo, si sus acciones se calificaran como «violencia grave» contra el Estado —como el ataque a la sede de la Generalitat—, el perdón quedaría excluido. Este matiz técnico es ahora el centro del debate en la Audiencia Nacional.
Fiscalía apoya amnistía 2024, defensa busca confirmar no terrorismo
Para la Fiscalía, que ya apoyó la amnistía en 2024, la resolución actual podría cerrar un caso que lleva años sin avance. La defensa de los acusados, por su parte, ve en esta reactivación del proceso una oportunidad para que el tribunal confirme que sus clientes no cometieron delitos de terrorismo, sino acciones de protesta política. En cambio, la ACVOT, que representa a víctimas de violencia independentista, arriesga perder una de las pocas causas penales abiertas contra grupos vinculados al procés.
Políticamente, el caso también tiene peso: si la Audiencia amnistía a los CDR, reforzaría la línea del Gobierno de que la ley cumple con el derecho europeo, pero dejaría en evidencia las contradicciones entre la justicia española y la europea en materia de terrorismo. Si, por el contrario, rechaza la amnistía, abriría una grieta en la estrategia del Ejecutivo para cerrar causas vinculadas al procés sin enfrentarse a Bruselas.
Cronología de un caso en suspenso
— 2017: Los CDR cometen acciones violentas contra edificios públicos en Cataluña, como el ataque a la sede de la Generalitat en Barcelona. La Fiscalía abre una causa por delitos de terrorismo. — 2022: El Gobierno aprueba la ley de amnistía, que incluye a los acusados del procés, pero la Audiencia Nacional plantea dudas y eleva una cuestión prejudicial al UJUÉ. — Junio 2024: El UJUÉ responde que la amnistía es compatible con el derecho europeo, pero deja a la Audiencia valorar si los CDR cometieron delitos graves. — Agosto 2026: Los abogados de cinco acusados solicitan la aplicación de la amnistía, argumentando que no hubo víctimas. — 28 de septiembre de 2026: La Audiencia Nacional reactiva el proceso y da diez días a las partes para alegar.
El plazo para alegaciones expira el 8 de octubre. Si no hay sorpresas, el tribunal podría dictar una resolución en las siguientes semanas que marque un precedente para otras causas similares, como la de los Mossos d’Escuadra acusados por su papel durante el procés.
Mientras, la Asociación Catalana de Víctimas del Terrorismo (ACVOT), que lleva años luchando contra la amnistía, ha advertido de que recurrirá ante el Tribunal Supremo si el fallo no se ajusta a sus argumentos. «No podemos permitir que se amnistíe la violencia contra el Estado», declaró su portavoz, Jordi Fuster-Fabra, en declaraciones a este periódico.
El caso de los CDR, en definitiva, no es solo un litigio penal: es una prueba de fuego para la ley de amnistía y su compatibilidad con el derecho europeo. La resolución de la Audiencia Nacional podría sentar un precedente para otras causas abiertas, desde los Mossos d’Escuadra hasta los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado implicados en el procés.
