La Eurocámara ya concedió suplicatorio para investigar al eurodiputado por delitos de odio y coacciones tras mensajes en Telegram que derivaron en ataques contra la fiscal y su hija
La fiscal delegada para delitos de odio y discriminación de Valencia, Susana Gisbert, ha ratificado este lunes ante el Tribunal Supremo su denuncia contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández (Alvise) por mensajes amenazantes publicados en Telegram en enero y febrero de 2024. El juez Eduardo de Porres investiga al diputado por delitos de acoso, provocación a atentado contra la autoridad, coacciones y odio en redes sociales, en una de las seis causas abiertas contra él por el alto tribunal.
Gisbert confirmó ante el juez el relato que ya incluyó en su denuncia inicial: Alvise, entonces con más de 40.000 seguidores en Telegram, acusó a los fiscales de «persecución ideológica» por investigar mensajes sobre migración, publicó su imagen y la de su hija, y promovió su identificación entre sus seguidores. Tras su publicación, 1.500 seguidores compartieron insultos, amenazas o datos personales de la fiscal y su hija en otras redes, según fuentes jurídicas consultadas por EFE.
Esta es la primera causa en la que el Parlamento Europeo concedió suplicatorio para investigar formalmente a Alvise, tras hacerlo también en otra investigación por presuntos delitos de financiación ilegal de su partido, Se Acabó la Fiesta (SALF), y delito electoral. El eurodiputado, vinculado a Vox, ya enfrenta otras cinco causas en el Supremo por amenazas, coacciones y delitos de odio.
El caso refleja cómo las publicaciones en redes pueden escalar a acoso real: los mensajes de Alvise no solo atacaron a Gisbert, sino que provocaron reacciones masivas que expusieron a la fiscal y su hija a amenazas directas. La investigación del Supremo analiza si estos hechos constituyen delito continuado o agravantes de odio, un tipo penal que castiga específicamente la incitación a la violencia contra autoridades.
El marco legal aplicable incluye el Código Penal (artículos 172 sobre amenazas, 550 sobre coacciones y 510 sobre delitos de odio) y la Ley Orgánica 1/2015 de protección de la seguridad ciudadana, que tipifica las amenazas graves. La Eurocámara, al conceder el suplicatorio, reconoce la gravedad de los hechos y su posible impacto en la función pública de Gisbert, cuya labor como fiscal especializada en delitos de odio quedó obstruida por las amenazas.
