El expresidente justifica ante el juez que los 1,3 millones de euros en piezas de oro y diamantes fueron entregados por el rey Abdullah en visita oficial a Madrid en 2007
José Luis Rodríguez Zapatero ha presentado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama para aclarar el origen de las joyas incautadas en su despacho, valoradas en 1,3 millones de euros. Según su versión, las piezas —tres conjuntos de oro blanco y piedras preciosas— fueron un regalo oficial del rey Abdullah bin Abdulaziz Al-Saud durante su visita a España en junio de 2007, cuando Zapatero era presidente del Gobierno.
El expresidente detalla que el monarca saudí entregó los joyeros en su residencia de la Moncloa como «atención personal», sin intención de uso comercial ni declaración fiscal. Su equipo legal argumenta que el valor de mercado actual (1,3 millones) no refleja su precio en 2007, cuando fueron adquiridos como gesto diplomático.
El juez dio a Zapatero tres días para justificar la procedencia de las joyas tras imputarle un delito fiscal y otro de contrabando por no declararlas. El expresidente ha intentado sin éxito que Arabia Saudí confirme el origen de los regalos, aunque aún no ha recibido respuesta oficial.
El escrito destaca que las piezas —collares, pulseras, anillos y pendientes— se guardaron junto a otros objetos personales sin intención de lucro. La defensa insiste en que su valoración actual (para seguros) no es aplicable a su adquisición en 2007, cuando el oro y los diamantes tenían un precio distinto.
Zapatero ya declaró en junio ante el magistrado, comprometiéndose a aportar pruebas en una semana. Ahora, con el plazo cumplido, su equipo legal solicita al juez que, mediante cooperación judicial internacional, exija a Arabia Saudí la confirmación documental del regalo oficial.
La investigación, instruida por la Audiencia Nacional, analiza si las joyas entraron en España sin declarar, lo que podría constituir contrabando, o si su no declaración en impuestos configura delito fiscal. El caso se enmarca en una línea de investigación más amplia sobre posibles irregularidades en la gestión de bienes personales de antiguos cargos públicos.
El contexto legal: ¿qué delitos se investigan?
La imputación a Zapatero se basa en dos posibles delitos: contrabando (por no declarar la entrada de las joyas en España) y delito fiscal (por no incluirlas en su declaración de bienes). Según la ley, el contrabando requiere que los objetos entren en el territorio nacional sin pasar por aduanas, mientras que el delito fiscal se configura si no se declaran ingresos o bienes de valor superior a 120.000 euros.
El juez José Luis Calama, conocido por su rigor en casos de corrupción, ha solicitado pruebas documentales que respalden la versión de Zapatero. La defensa alega que, al ser un regalo oficial entre Estados, no estaba sujeto a aranceles ni a declaración fiscal en el momento de su recepción. Sin embargo, la Fiscalía podría argumentar que, al no declararse en su momento, se incumplió la obligación de transparencia.
Este caso recuerda a otros precedentes en los que exdirigentes han sido investigados por bienes no declarados, como el caso de Mariano Rajoy (investigado por no declarar una finca) o el de Rodrigo Rato (condenado por delito fiscal por no declarar cuentas en el extranjero). Sin embargo, la singularidad aquí radica en el origen diplomático de los objetos.
¿Qué se juega Zapatero en este proceso?
Para Zapatero, este caso podría tener repercusiones políticas y personales. Aunque ya no ocupa cargos públicos, su imagen sigue vinculada al PSOE, y una condena podría afectar a su legado. Además, el proceso podría abrir la puerta a investigaciones similares sobre otros exdirigentes que recibieron regalos oficiales sin declarar.
Su estrategia legal se centra en demostrar que las joyas no eran un activo económico, sino un gesto protocolario. Sin embargo, la Fiscalía podría cuestionar por qué, si eran regalos oficiales, no se documentaron en su momento. La cooperación judicial con Arabia Saudí será clave: si el país confirma el origen diplomático, el caso podría archivarse; si no, el juez podría imputar nuevos cargos.
El plazo para que el juez exija pruebas a Arabia Saudí es limitado. Si el reino no responde en tiempo, Zapatero podría verse obligado a recurrir a otros mecanismos legales, como solicitar una comisión rogatoria internacional. Mientras, su equipo legal insiste en que las joyas nunca tuvieron un valor económico para él, sino un significado simbólico como recuerdo de una visita oficial.
El caso también plantea preguntas sobre el tratamiento legal de regalos diplomáticos. En otros países, como Francia o Alemania, estos objetos suelen estar exentos de impuestos si se declaran como donaciones oficiales. Sin embargo, en España, la normativa es más estricta, y la falta de declaración puede ser interpretada como intento de ocultación.
Mientras avanza la investigación, Zapatero mantiene su versión: las joyas son un legado histórico, no un patrimonio oculto. Su defensa apela a la buena fe y al contexto diplomático de su recepción, pero el juez deberá determinar si eso es suficiente para evitar una condena.
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