El consejero de Agricultura de la Junta detalla el impacto económico real del sector tras seis meses en el cargo
Joaquín Antonio Pino, consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León desde junio de 2026, ha cuantificado en 200 a 400 euros por hectárea las pérdidas del sector cerealista en la campaña actual. El dato, aportado por quien asegura sentirse «agricultor» antes que político, refleja el primer diagnóstico concreto de un departamento que gestiona desde la flora y fauna hasta la caza, pesca y el conflicto del lobo.
Pino, licenciado en Veterinaria y con formación agraria, ha abandonado temporalmente su tractor para liderar una consejería que enfrenta tres frentes clave: la caída de ingresos en el campo, la presión por la gestión de especies protegidas y la tensión con el Partido Popular, principal fuerza en la región. Su jornada laboral —de 8:00 a 21:00-22:00 horas— contrasta con su discurso de «sacrificio» como ejemplo para los trabajadores del sector, aunque él mismo reconoce la morriña por su vida anterior.
El dato de pérdidas —entre un 10% y un 20% menos por hectárea respecto a campañas previas, según sus cálculos— coincide con el primer semestre de su gestión. Aunque no especifica causas concretas, el contexto regional incluye sequías recurrentes y la competencia de cultivos energéticos, temas que ya han generado fricciones con el PP. La Junta, con mayoría absoluta de Vox, asume ahora la responsabilidad de articular respuestas sin precedentes en la comunidad.
El caso de Pino ilustra una tendencia: el 25% de los consejeros autonómicos con perfil técnico en España provienen de sectores regulados por sus propias carteras, según datos de la Fundación Alternativas. En Castilla y León, su nombramiento —apoyado por el PP pese a las diferencias— refleja la prioridad de la agricultura en el debate autonómico, donde el agua y la rentabilidad rural son ejes electorales para 2027.
Antes de su salto a la política, Pino ejercía como director agrario en la provincia de Ávila, donde coordinó programas de apoyo a la producción de cereales y la gestión de recursos hídricos. Su experiencia en la administración agraria le ha permitido comprender las necesidades de los productores y la complejidad de la normativa rural, lo que se refleja en su enfoque pragmático para abordar las pérdidas del sector.
